La Cámara de Diputados de la Nación aprobó una ley que establece severas restricciones al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo, un movimiento legislativo que reaviva el debate sobre el equilibrio de poderes y la gobernabilidad en Argentina. Si bien el avance es un triunfo para la oposición, el proyecto de ley deberá regresar al Senado debido a la modificación de un artículo central, un giro que beneficia indirectamente al oficialismo al postergar la definición final del marco normativo hasta después de las próximas elecciones.
La nueva legislación, que reforma la Ley 26.122 impulsada originalmente durante la gestión de Néstor Kirchner, busca imponer un control bicameral más riguroso. Uno de sus puntos esenciales establece que, a diferencia del régimen actual donde la aprobación de una sola cámara basta para su convalidación, a partir de ahora ambos cuerpos legislativos —Diputados y Senadores— deberán pronunciarse favorablemente para que un DNU sea ratificado. Esto implica que la oposición solo necesitará una mayoría simple en cualquiera de las Cámaras para invalidar cualquier decreto emitido por el Ejecutivo, limitando drásticamente el margen de maniobra del gobierno en minoría parlamentaria.
No obstante, el artículo más sensible de la propuesta, aquel que establecía un plazo fatal de 90 días corridos para que el Congreso se expida sobre la validez de un decreto antes de que este cayera automáticamente, fue rechazado durante la votación en particular. Este revés fue estratégicamente celebrado por el oficialismo, que había anticipado la posibilidad de un veto presidencial a la ley. Al eliminar el plazo de caducidad, el trámite parlamentario se alarga, retrasando cualquier enfrentamiento institucional directo, como un veto, para el período posterior a la contienda electoral de octubre.
Desde el bloque oficialista se denunció que la reforma no busca fortalecer la institucionalidad, sino “inmovilizar al Poder Ejecutivo” y “debilitar la gobernabilidad”, acusando a la oposición de planear un “bloque institucional” con fines puramente políticos. El argumento oficialista recuerda el uso extensivo de los DNU por parte de gobiernos anteriores, incluso aquellos con mayorías parlamentarias, y sostiene que el cambio de reglas obedece únicamente al hecho de que el peronismo ya no se encuentra en el ejercicio del poder.
En contraposición, figuras clave de la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical defendieron la necesidad de limitar una herramienta que ha sido utilizada históricamente para eludir el debate parlamentario y generar un “estado de excepción permanente”. Según diputados de estos espacios, la reforma es crucial para restaurar la jerarquía constitucional y la división de poderes, aunque algunos reconocieron que el momento ideal para tamaña discusión legislativa debió ser después de 2027, para despojarla de la coyuntura política inmediata.
La pelota regresa ahora a la cancha del Senado, que deberá decidir si acepta las modificaciones introducidas por la Cámara Baja o si insiste en el texto original, incluyendo el límite temporal de 90 días. Más allá del resultado final, el episodio subraya la creciente tensión entre la Casa Rosada y el Poder Legislativo, y reafirma que el futuro del plan de gestión del gobierno dependerá, de manera casi ineludible, de su capacidad para construir consensos estables en el ámbito parlamentario.
