La causa por el Fentanilo Mortal, que investiga la elaboración y distribución de un medicamento contaminado con bacterias que provocó la muerte de, al menos, 124 pacientes en el sistema de salud, ha ingresado en una fase de intensa batalla legal. La defensa de Ariel García Furfaro, propietario y directivo de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, apeló el procesamiento dictado en su contra y solicitó la nulidad de su declaración indagatoria, alegando graves irregularidades en la imputación.
En un escrito de cien fojas, el abogado defensor, Gastón Marano, cuestionó duramente la investigación a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. La defensa argumenta que la acusación de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte en concurso real con otros delitos es defectuosa, ya que no se determinó con precisión “el hecho atribuido ni el aporte causal individual” de García Furfaro.
Críticas al Fundamento Legal del Procesamiento
Uno de los principales ejes de la apelación se centra en la supuesta imputación genérica. La defensa sostiene que el procesamiento acusó al empresario basándose en su posición jerárquica (responsabilidad por función) en lugar de atribuirle una conducta concreta (responsabilidad por acto). Este enfoque, según el recurso, vulnera el derecho de defensa y el debido proceso garantizado por la Constitución Nacional y tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica.
Adicionalmente, el escrito denuncia un presunto “derecho penal de autor”, señalando que el fallo recurrió a valoraciones personales y antecedentes empresariales desvinculados de la cadena de contaminación del medicamento para “fortalecer la presunción de culpabilidad”. Este argumento busca desvincular la responsabilidad penal de García Furfaro de las supuestas fallas operativas y la presencia de la bacteria hospitalaria en el producto.
La solicitud de nulidad de la indagatoria es una estrategia legal fundamental que, de prosperar, obligaría a rehacer la imputación, retrasando significativamente el proceso. La defensa insiste en que el juez omitió reconstruir el nexo causal individualizado que vincule directamente la conducta del empresario con el resultado fatal.
La resolución de esta apelación en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata será determinante para el futuro de la causa que conmocionó al sector de la salud pública. Los magistrados deberán dirimir si la imputación cumple con los estándares de precisión legal o si, tal como sostiene la defensa, el fallo se basó en una atribución de responsabilidad por el rol y no por la acción concreta, en una causa que es observada por las implicancias en la seguridad sanitaria del país.
