El tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 inicia su fase de debate en la Cámara de Diputados esta semana, con un consenso preliminar a favor de la continuidad del superávit fiscal, pero con serias dudas por parte de analistas económicos sobre la base de sus proyecciones. Informes técnicos, como el del Ieral (Fundación Mediterránea), elogian el mantenimiento de la disciplina fiscal, pero cuestionan los “supuestos macroeconómicos muy optimistas” del Gobierno, que proyectan pequeñas subas de ingresos y egresos sin la implementación de reformas estructurales clave.
El documento oficial prevé números fiscales para 2026 similares a los esperados para el cierre de 2025, manteniendo un equilibrio que se logró a partir de un fuerte esfuerzo en la contención del gasto. Sin embargo, los economistas advierten que las metas de crecimiento y, fundamentalmente, las proyecciones de inflación, que se situarían en torno al 10% para el año próximo, podrían verse alteradas. Señalan la volatilidad cambiaria reciente y la posibilidad de cambios en el régimen de bandas como factores de riesgo que podrían interrumpir el proceso de desinflación.
Dudas sobre Impuestos Distorsivos y el Gasto Previsional
Uno de los principales puntos de conflicto en el análisis del Ieral es la persistencia de impuestos “sumamente distorsivos”, como los derechos de exportación y el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Aunque la presión tributaria nacional en 2025 sería la más baja en 18 años (un 21,3% del PBI), gracias a la eliminación parcial de retenciones y el Impuesto PAIS, el Presupuesto 2026 aún contempla que estos tributos distorsivos aporten un 2,6% del PBI. La falta de una reforma tributaria integral que elimine estas figuras genera fricciones con el sector productivo.
En cuanto al gasto, la mayor partida, la previsión social, se ubicaría en 5,1% del PBI en 2026, una cifra ligeramente superior a la de 2025 (5%) y 2024 (4,8%), pero aún significativamente por debajo del máximo observado en 2017 (7,5%). Este dato sugiere que, si bien el Gobierno mantiene el ajuste en términos reales y relativos a picos históricos, las “bajas mensuales” de las erogaciones, conocidas popularmente como el efecto motosierra, no serían tan pronunciadas como se esperaría, dado el compromiso con ciertos sectores sociales y jubilaciones.
El debate legislativo se centrará en la credibilidad de las proyecciones y la viabilidad política de mantener el equilibrio fiscal. El Gobierno defiende que el esfuerzo fiscal es inédito y que se está sacrificando recaudación (con la baja de la presión tributaria) para evitar el déficit, pero la oposición y los think tanks económicos exigen mayor realismo en las estimaciones de crecimiento e inflación. Las proyecciones de recaudación, por ejemplo, requieren un aumento irreal de 23% real en Impuesto a las Ganancias en el tramo final de 2025 para cumplir con la pauta anual, según el Ieral.
El Presupuesto 2026, si bien ratifica el compromiso con el superávit fiscal como ancla de la estabilidad, tendrá que sortear un intenso debate en el Congreso. La falta de reformas fiscales profundas y la apuesta a supuestos optimistas podrían obligar a reajustes presupuestarios durante el año, manteniendo la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la política económica y la posibilidad real de crecimiento en un contexto macroeconómico aún frágil.
