El Gobierno Nacional ha intensificado su política de ajuste en el sector público, instruyendo al jefe de Gabinete, Federico Sturzenegger, a implementar una revisión mensual exhaustiva de todos los contratos transitorios de la Administración Pública Nacional. Esta medida, catalogada internamente como la aplicación del “Deep Motosierra” a la estructura estatal, busca acelerar la reducción del gasto y la dotación de personal, consolidando la promesa de campaña de achicar el tamaño del Estado. La decisión tendrá implicancias directas sobre miles de empleados y sobre la capacidad operativa de diversos organismos.
La instrucción de Sturzenegger apunta a controlar de forma rigurosa la renovación de los vínculos laborales definidos como transitorios, que representan una porción significativa de la plantilla estatal. De acuerdo con informes del Ministerio de Economía, el objetivo principal es garantizar que solo permanezcan en funciones aquellos contratos estrictamente indispensables para la continuidad de los servicios esenciales, y cuya justificación no pueda ser suplida por el personal de planta permanente. Este nivel de control mensual no tiene precedentes recientes en la gestión de los recursos humanos del Estado.
Expertos en administración pública consultados por este medio indican que la medida afectará particularmente a personal contratado bajo modalidades específicas que no gozan de la estabilidad de la planta permanente, incluyendo aquellos vinculados a proyectos de duración determinada o a consultorías. Si bien el Gobierno argumenta que el objetivo es eliminar puestos innecesarios y estructuras burocráticas sobredimensionadas, sindicatos del sector público han manifestado su preocupación por el riesgo de despidos masivos que impacten en áreas clave y, potencialmente, deriven en litigios laborales.
Según datos preliminares de la Secretaría de Transformación del Estado, la revisión se centrará en la justificación de la necesidad de cada puesto, la productividad del empleado y el costo presupuestario. El Gobierno sostiene que gran parte de los contratos transitorios fueron incorporados durante la gestión anterior por motivos políticos, no funcionales. El ministro Sturzenegger, conocido por su visión de shock económico, busca que esta metodología de revisión continua genere un ahorro estructural y envíe una señal contundente al mercado sobre la disciplina fiscal del Ejecutivo.
Las implicancias sociales de esta política son dobles. Por un lado, se espera una reacción gremial contundente, con posibles medidas de fuerza que afecten la prestación de servicios. Por otro lado, la revisión del empleo público es un eje de la política económica para reducir el déficit fiscal, buscando credibilidad ante los organismos internacionales de crédito. La velocidad y profundidad del ajuste en la planta estatal son monitoreadas de cerca por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como indicador de la voluntad reformista del país.
La implementación del “Deep Motosierra” en el empleo transitorio marcará la hoja de ruta para la reforma administrativa en los próximos meses. La proyección es que, si bien la medida puede generar ahorros inmediatos, el desafío real para el Gobierno será evitar la parálisis de áreas estratégicas. El destino de miles de contratos se definirá mes a mes, inyectando una alta dosis de incertidumbre laboral y poniendo a prueba la capacidad del Estado para funcionar con una estructura significativamente más pequeña.
