El concepto de “salario dinámico” es el eje central de la reforma laboral que el Gobierno ha comenzado a articular en el marco del debate por el Presupuesto 2026, y representa un quiebre con la tradicional indexación salarial ligada prioritariamente a la inflación. Este mecanismo busca que la remuneración de los trabajadores no solo se rija por los pisos establecidos en los convenios colectivos, sino que incorpore un “diferencial por mérito” directamente vinculado al rendimiento individual y la productividad de cada empleado, redefiniendo el valor del trabajo en la economía posinflacionaria.
El objetivo primario, según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, es que el sueldo básico de convenio sirva como una “exigencia mínima”, tomando como referencia la realidad de la “empresa más desfavorecida en la zona más desfavorecida del país”. A partir de ese piso, el salario dinámico entraría en juego, permitiendo que los empleadores paguen incrementos adicionales a aquellos trabajadores que “se diferencien y se destaquen”. La lógica oficial es que, en un contexto de inflación a la baja, la negociación colectiva debe cambiar su foco: de la mera recuperación del poder adquisitivo a la generación de incentivos por desempeño.
Esta propuesta está íntimamente ligada a otro componente de la reforma: la priorización de los convenios por empresa sobre los convenios por actividad o sector. Al establecer acuerdos salariales dentro de cada firma, se busca adaptar las condiciones y los premios por productividad a la realidad económica específica de esa unidad productiva. De esta forma, las empresas con mejor desempeño económico podrían ofrecer mejores remuneraciones “dinámicas”, mientras que las negociaciones sectoriales (paritarias) actuarían como un resguardo de mínimos, perdiendo su rol histórico de principal herramienta de actualización salarial.
Las implicancias para las paritarias son profundas y controversiales. Los sectores sindicales advierten que el salario dinámico podría debilitar la negociación colectiva, fragmentando la representación gremial y la capacidad de los sindicatos de imponer aumentos uniformes en toda una rama. La crítica principal radica en que, al trasladar el riesgo económico y la necesidad de aumento al rendimiento individual, se podría generar una mayor desigualdad salarial dentro de la misma actividad, y el poder adquisitivo de los salarios básicos podría deteriorarse si la “productividad” se convierte en un criterio subjetivo o de difícil fiscalización.
Desde la perspectiva gubernamental y de las cámaras empresariales, sin embargo, el dinamismo salarial es clave para reducir los costos laborales indirectos y fomentar la formalización, ya que se asume que un sistema más flexible y ligado a la rentabilidad generará más empleo registrado y sostenible. La defensa se centra en que, al premiar el mérito, se eleva la productividad general, un factor considerado esencial para impulsar el crecimiento económico y atraer inversión, saliendo de la “trampa” de los salarios fijos que no reflejan el aporte de cada trabajador.
En resumen, el salario dinámico es más que un simple cambio de cálculo; es una reconfiguración ideológica de la relación laboral en Argentina. Su implementación, ya sea mediante un capítulo en el Presupuesto 2026 o a través de una “Ley Bases II”, marcará el futuro de las paritarias, transformándolas de una herramienta de defensa del salario real ante la inflación en una negociación de mínimos, mientras que los verdaderos aumentos quedarían sujetos al diferencial de productividad negociado a nivel de empresa o individual. Este cambio de paradigma requiere de un consenso político y social que, por el momento, parece inalcanzable.
