Un grave incidente de violencia política sacudió este martes a la provincia de Formosa, elevando la tensión entre el oficialismo provincial y la fuerza gobernante a nivel nacional. El hecho central fue la agresión física sufrida por una militante de La Libertad Avanza (LLA) por parte de un seguidor del gobernador Gildo Insfrán, en un contexto de alta polarización. Este episodio, que rápidamente se viralizó a través de registros audiovisuales, trasciende el mero conflicto interpersonal para instalarse como una preocupante señal sobre la intolerancia y el deterioro del diálogo democrático en la provincia.
El altercado tuvo lugar en la vía pública, presuntamente en las inmediaciones de un evento político o una concentración, donde confluyeron militantes de ambos bandos. Las imágenes difundidas muestran el momento en que un individuo identificado con el oficialismo local, y con indumentaria alusiva a las referencias históricas del movimiento peronista provincial, propinó un golpe a una mujer que portaba simbología de LLA. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, ya había mencionado el día anterior la necesidad de garantizar la paz social, por lo que este hecho pone en entredicho las garantías de libre expresión en el territorio.
La reacción de la dirigencia de La Libertad Avanza fue inmediata y contundente. Voceros del espacio a nivel nacional y legisladores locales emitieron comunicados condenando el ataque, calificándolo como un acto de “matonaje político” y una muestra de la “cultura de la violencia” que, según ellos, fomenta el “feudalismo” provincial. Fuentes cercanas al bloque oficialista en Diputados aseguraron que se presentaría una denuncia formal, exigiendo a la justicia provincial que actúe de oficio para identificar y sancionar al agresor, a fin de establecer un precedente contra la impunidad.
Analistas políticos señalan que este tipo de incidentes no son aislados en provincias con estructuras de poder históricamente concentradas, donde la oposición suele enfrentar un fuerte clima de hostigamiento. Según expertos en derecho constitucional, la agresión constituye no solo un delito común, sino una grave vulneración del derecho a la militancia y la libertad de expresión política. La intensidad del enfrentamiento subraya la marcada disputa ideológica y de poder que existe entre la administración central, promotora de la desregulación, y el modelo de fuerte presencia estatal históricamente defendido por el peronismo formoseño.
El conflicto en Formosa tiene también una implicancia en el debate de los recursos federales, dado que el Gobierno nacional ha endurecido su discurso contra los gobiernos provinciales que considera que mantienen estructuras ineficientes. Incidentes como este alimentan la narrativa de “lucha contra la casta” y “regeneración democrática” del Ejecutivo nacional, intensificando la presión pública y mediática sobre la gobernación de Insfrán. La judicialización del caso determinará si prevalecen las sanciones o si el episodio se disuelve en el ámbito de la confrontación política sin consecuencias legales efectivas.
De cara al futuro, la violencia observada en Formosa es un sombrío recordatorio de los desafíos que enfrenta la convivencia democrática en el país. El incidente exige una respuesta institucional clara y un llamado a la mesura por parte de todas las fuerzas políticas para evitar que la confrontación ideológica derive en acciones físicas. La calidad del debate público y la civilidad en la contienda serán cruciales mientras el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales continúan negociando el equilibrio de poder y los marcos económicos establecidos en el Presupuesto 2026.
