La UFI de Homicidios de La Matanza ha solicitado formalmente la prisión preventiva para ocho imputados en el brutal caso del triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, ocurrido en septiembre en Florencio Varela. En un movimiento estratégico y esperado, los fiscales también pidieron que la compleja causa sea declinada al fuero federal, argumentando la necesidad de investigar a la estructura narco que habría ordenado los crímenes. Este requerimiento, plasmado en un extenso documento de 250 páginas, marca el cierre de la etapa de instrucción provincial y el inicio de una persecución penal de mayor envergadura, ligada al crimen organizado transnacional.
La solicitud de prisión preventiva recae sobre los ocho detenidos, acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura y asesinato en un contexto de violencia de género. El horror de los hechos, que salieron a la luz hace poco más de un mes, incluye la saña con la que fueron atacadas las víctimas, de 20 y 15 años. Según la investigación, fueron llevadas bajo engaño a una vivienda, donde sufrieron una brutal golpiza y fueron apuñaladas tanto antes como después de su muerte, en lo que se perfila como una “venganza” ligada a un robo de decenas de kilogramos de cocaína.
El expediente, que ya supera las 1.500 fojas y contiene exhaustivas pericias telefónicas y autopsias, describe un nivel de crueldad inusitado. Los fiscales detallan que a Lara se le amputaron las cinco falanges de la mano izquierda antes de ser asesinada, mientras que Morena, que murió por estrangulamiento, presentaba lesiones post mortem en distintas partes del cuerpo. Estos hallazgos no solo configuran un triple femicidio agravado por la tortura, sino que también sugieren un mensaje de terror y un ajuste de cuentas propio de las dinámicas del narcotráfico.
El elemento que justifica el pase de la causa a la Justicia Federal es la sospecha de que el triple crimen fue ordenado desde Perú, lo que introduce la dimensión de la criminalidad organizada y el narcotráfico internacional. Los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli sostienen que, si bien la autoría material del hecho estaría esclarecida, es imperativo investigar a la “estructura narco” superior que operó detrás. Este cambio de fuero apunta a una “persecución penal estratégica” que permita desmantelar la red de la que los imputados serían solo eslabones operativos.
El pedido de declinación al Juzgado Federal de Morón, planteado por los investigadores, había sido anticipado por los abogados querellantes de las familias, como Diego Storto y Fernando Burlando, quienes desde un inicio señalaron la conexión del caso con el narcotráfico. La transición al fuero federal implica que la causa será abordada con herramientas investigativas y recursos específicos para delitos complejos y transnacionales, incluyendo lavado de activos y redes de distribución de estupefacientes, elementos que la justicia provincial no tiene la potestad de perseguir integralmente.
La resolución del juez de garantías sobre la prisión preventiva y la competencia federal será el próximo hito en este caso de resonancia. La decisión determinará si los ocho imputados, que actuaron como brazo ejecutor de la venganza, permanecerán tras las rejas y si se amplía el espectro de la investigación para llegar a los autores intelectuales y la red de tráfico. Este triple femicidio narco se convierte en un doloroso paradigma de cómo la violencia de género se entrelaza y se exacerba dentro de las estructuras del crimen organizado, demandando una respuesta judicial especializada y de alcance federal.
