Federico Sturzenegger, asesor presidencial clave en la reestructuración económica, ha revelado que el Gobierno ha concretado la eliminación de más de 1.300 normativas que, a su juicio, actuaban como frenos burocráticos y regulatorios para el desarrollo de la economía argentina. Esta purga normativa, ejecutada principalmente a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) masivo y resoluciones complementarias, es presentada como el paso inicial y más significativo en la estrategia de desregulación para restaurar la competencia y la libertad de mercado. El objetivo central de esta acción es reducir los “costos de transacción” y estimular la inversión privada que, según el oficialismo, había sido ahogada por un exceso de intervencionismo estatal.
La cifra de 1.300 normas removidas subraya la magnitud de la ofensiva oficial contra lo que denominan el “cepo normativo” que obstaculizaba la actividad productiva. Estas disposiciones afectaban una amplia gama de sectores, desde el comercio exterior y la logística hasta el mercado laboral y la salud. Sturzenegger destacó que muchas de las reglas eliminadas no solo eran obsoletas, sino que creaban barreras de entrada para nuevos competidores, protegían monopolios u oligopolios e incrementaban innecesariamente el riesgo legal y operativo para las empresas.
El DNU, núcleo de esta estrategia, apuntó a derogar leyes y reglamentos de diversas épocas, afectando áreas críticas como la ley de alquileres, el marco regulatorio de las obras sociales y las normas que restringían la actividad de las empresas de e-commerce. La filosofía detrás de esta acción es la de desburocratizar los procesos, permitiendo que las decisiones económicas se tomen con mayor celeridad y menor interferencia del Estado. Este enfoque busca cambiar el paradigma regulatorio, pasando de un modelo de “permisión explícita” a uno de “libertad condicionada por la ley”.
Sin embargo, la medida ha generado un intenso debate legal y político. Por un lado, el oficialismo defiende la rapidez del DNU como la única forma de implementar una desregulación de tal magnitud en un contexto de urgencia económica. Por otro, amplios sectores de la oposición y especialistas en derecho constitucional han cuestionado la legitimidad y la vía instrumental elegida para derogar leyes, argumentando que se excede la facultad del Ejecutivo y que minimiza el rol del Poder Legislativo. La judicialización de varios puntos clave del DNU demuestra que la batalla legal por el alcance de esta desregulación está lejos de terminar.
Desde la perspectiva económica, el impacto esperado de la eliminación de estas 1.300 normas se centra en la reducción de la inflación y el aumento de la productividad. El Gobierno confía en que al eliminar barreras y fomentar la competencia, los costos de los bienes y servicios tenderán a descender. No obstante, economistas de distintos think tanks advierten que la desregulación, por sí sola, no es una panacea y debe estar acompañada por la estabilización macroeconómica (fiscal y monetaria) para que el capital privado se sienta incentivado a invertir masivamente y crear empleo formal.
La promesa de Sturzenegger y el Gobierno es que esta es solo la primera ola de desregulación. El éxito de esta política se medirá en el mediano plazo por la tasa de inversión, el aumento del empleo privado y, sobre todo, la capacidad del Ejecutivo para sortear la resistencia legislativa y judicial. La eliminación de 1.300 normas marca un punto de inflexión en la política económica argentina, enviando una señal clara a los mercados globales sobre la intención de abrir la economía, aunque con el desafío pendiente de consolidar la estabilidad y la seguridad jurídica bajo el nuevo marco.
