La reciente irrupción de la propuesta de “salarios dinámicos”, impulsada por la Secretaría de Trabajo, ha reactivado con fuerza el conflicto entre el Gobierno Nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT), amenazando el ya frágil diálogo en el marco del Consejo de Mayo. El concepto, que busca desvincular los aumentos salariales exclusivamente del índice inflacionario para atarlos a la productividad y el mérito individual, fue anunciado por el secretario Julio Cordero en foros empresariales y ante el Congreso, generando un “contundente y categórico rechazo” del sindicalismo, que ve en la iniciativa un intento de socavar la negociación colectiva por actividad.
La esencia del planteo gubernamental, según explicaciones provistas desde la Secretaría de Trabajo, radica en establecer un diferencial salarial por encima de los básicos de convenio, negociado a nivel de empresa y ligado al desempeño individual del trabajador o a la situación particular de la firma. Esta visión, que apunta a una “dinamización” de los ingresos reales en un contexto de supuesta baja inflación, choca frontalmente con el modelo sindical tradicional argentino. La CGT, a través de referentes como Gerardo Martínez (UOCRA), ha explicitado su repudio, asociando la idea a una ratificación encubierta del capítulo laboral del derogado DNU 70/2023, que ya había sido judicializado exitosamente por la central obrera.
La maniobra genera un quiebre en las mesas de diálogo que se vienen desarrollando en el Consejo de Mayo, un espacio multisectorial concebido precisamente para consensuar las bases de una futura legislación. Los líderes sindicales han interpretado la difusión unilateral de los “salarios dinámicos” como una estrategia del Gobierno para utilizar el tema en la campaña electoral, sin respetar los tiempos y los marcos de discusión acordados. Esta percepción incrementa el escepticismo sobre la voluntad real del Poder Ejecutivo de lograr una reforma laboral con consenso social, fortaleciendo a los sectores más duros de la CGT que ven el diálogo como una herramienta de dilación, más que de acuerdo.
Desde la óptica económica, el Gobierno sostiene que el actual esquema de paritarias por actividad, que negocia un “paraguas” salarial uniforme, no permite que las empresas o los trabajadores más productivos capitalicen las mejoras de eficiencia, lo que termina por “tirar hacia abajo” la remuneración real y desalentar la productividad. La propuesta de complementos variables, por mérito o rendimiento, está diseñada teóricamente para incentivar la competencia interna y el aumento de la producción, aunque críticos advierten que este sistema podría introducir una extrema fragmentación salarial y aumentar la discrecionalidad patronal, debilitando la solidaridad y el poder de negociación del sindicato.
El debate de fondo, por lo tanto, no es meramente técnico, sino profundamente político e ideológico. Mientras que el oficialismo defiende una visión de individualización del salario basada en el mérito y la descentralización de la negociación, el movimiento obrero organizado defiende la soberanía de la negociación colectiva por actividad, considerando este mecanismo como el único garante de un piso de derechos y un reparto equitativo de la riqueza generada. La imposición legislativa o forzada de un esquema de “salarios dinámicos” por fuera del consenso paritario sería vista por la CGT como una violación directa a su rol histórico y una declaración de guerra.
El futuro de la reforma laboral pende ahora de un hilo más delgado. Si bien la CGT ha reafirmado su permanencia en el Consejo de Mayo, la tensión generada por esta propuesta no consensuada eleva el costo político de cualquier eventual acuerdo. La evolución del proyecto dependerá del resultado de las próximas elecciones legislativas y de la capacidad del Gobierno para reencauzar la discusión, priorizando el consenso sobre la confrontación. De no mediar un cambio de estrategia, la imposición de cualquier reforma sin el aval del sindicalismo mayoritario está destinada a ser enfrentada en la calle y en los tribunales, perpetuando un clima de litigiosidad e incertidumbre que el propio Gobierno prometió erradicar.
