El gobierno nacional se prepara para impulsar una reforma tributaria estructural que promete ser uno de los pilares de su segunda etapa de gestión, con el objetivo central de simplificar el sistema, reducir la presión impositiva sobre la producción y formalizar la economía. La propuesta que circula en los despachos oficiales y con la que se buscará el consenso parlamentario apunta a modificaciones profundas en impuestos clave como Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de una revisión integral de los regímenes de promoción y especiales que históricamente generaron distorsiones y inequidad. La medida busca modernizar un entramado impositivo considerado por expertos como obsoleto y excesivamente complejo.
El eje principal de la reforma pasa por la simplificación y la reducción de alícuotas. En el caso del Impuesto a las Ganancias, el plan es diseñar un esquema más bajo y sencillo, abandonando la complejidad de las escalas actuales y buscando una mayor linealidad. Esta simplificación no solo busca aliviar la carga sobre los contribuyentes, sino también reducir los costos de cumplimiento para las empresas y la administración, un reclamo constante del sector productivo. La ambición es convertir a Ganancias en un tributo menos distorsivo de la inversión y la generación de empleo formal.
Respecto al IVA, el proyecto contempla una revisión que podría llevar a su división o diferenciación de alícuotas. La idea en análisis es separar o establecer tasas distintas para bienes y servicios, o incluso segmentar la alícuota en función de la esencialidad del producto. Si bien el IVA es la principal fuente de recaudación nacional, su carácter regresivo —afecta proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos— ha motivado a los técnicos a buscar mecanismos que atenúen su impacto social, sin comprometer significativamente la base recaudatoria indispensable para el equilibrio fiscal.
Un capítulo crucial de la reforma es la revisión de los regímenes especiales, exenciones y promociones sectoriales. Estos mecanismos, que se multiplicaron a lo largo de las décadas, son vistos por el Ejecutivo como focos de inequidad y privilegios que fragmentan la base imponible y generan tratamientos diferenciados injustificados. Su eliminación o reordenamiento apunta a ensanchar la base recaudatoria, permitiendo así que las alícuotas generales puedan ser reducidas sin afectar la meta de consolidación fiscal. La resistencia a esta medida se espera de los lobbies de los sectores beneficiados.
Desde la perspectiva económica, la reforma tributaria es una herramienta indispensable para acompañar la estabilización macroeconómica. Según economistas del think tank oficial, un sistema impositivo más eficiente y justo es clave para fomentar las inversiones productivas a largo plazo, incentivar la formalización de millones de trabajadores y aumentar la competitividad internacional de la Argentina. La simplificación administrativa y la reducción de la presión sobre el trabajo formal son vistas como estímulos directos al crecimiento genuino.
La implementación de este ambicioso rediseño fiscal requerirá una intensa negociación con la oposición y los gobernadores, ya que cualquier modificación de impuestos coparticipables impacta directamente en las finanzas provinciales. El éxito del proyecto dependerá de la capacidad del Gobierno para construir el consenso político necesario en un Congreso fragmentado. La meta a largo plazo, más allá de la recaudación, es consolidar un sistema que se base en la equidad horizontal y la neutralidad económica, sentando las bases para una expansión sostenible del Producto Interno Bruto (PIB) en la próxima década.
