El proyecto de Presupuesto Nacional 2026, elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso, revela una profunda reestructuración en las partidas de Seguridad Social al proyectar la eliminación de un total de 155.000 Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez. La cifra, que surge de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) durante el análisis del articulado, anticipa una drástica reducción en la base de beneficiarios de una de las prestaciones más sensibles del sistema previsional, desatando una inmediata alerta entre organizaciones sociales y sectores legislativos.
Esta depuración masiva implica una contracción del 13% en el padrón total de titulares de PNC por invalidez, pasando del estimado de 1.133.549 beneficiarios en 2025 a tan solo 977.943 proyectados para el próximo año. El plan se enmarca en la política de auditorías y saneamiento fiscal promovida por el Gobierno, que busca garantizar que las prestaciones sociales se destinen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos de la normativa vigente. No obstante, la magnitud del recorte pone en tensión el equilibrio entre la disciplina macroeconómica y la protección de la población más vulnerable.
El anuncio contrasta fuertemente con las declaraciones públicas del Ejecutivo, que había prometido un aumento real del 5% en el monto individual de estas pensiones. Sin embargo, la letra chica del proyecto exhibe una reducción en la cantidad de titulares. Según análisis técnicos, la aparente mejora per cápita (el gasto por beneficiario subiría de aproximadamente $2.5 millones a $3.6 millones anuales) se logra precisamente gracias a la significativa disminución de 155.606 personas en el padrón, liberando recursos que también se destinarán a cancelar deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa de la ANSES.
Expertos en seguridad social señalan que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encargada de la gestión y auditoría, continuará con los procesos de revisión que han generado controversia previamente, incluyendo la suspensión de beneficios por causales meramente administrativas o por supuestos incumplimientos de requisitos de subsistencia y patrimonio. La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) ya ha advertido sobre la necesidad de extremar la cautela y la transparencia, solicitando que se respeten los derechos adquiridos y se eviten las quitas de carácter ilegítimo.
La implementación del recorte no será inmediata ni sencilla, ya que actualmente existe una medida judicial precautoria que está trabando la suspensión masiva de pensiones. Esta herramienta legal obliga a la ANDIS a abstenerse de nuevas suspensiones hasta tanto se resuelva la situación de fondo, garantizando que los actuales beneficiarios mantengan sus prestaciones vigentes. Este freno judicial subraya la disputa legal y técnica sobre la legalidad y la pertinencia de las causales aplicadas para las bajas.
El debate del Presupuesto 2026 en el Congreso se convertirá en el escenario definitorio para esta política. La bancada oficialista deberá defender la necesidad de la “depuración” como un paso ineludible hacia el equilibrio fiscal, mientras que la oposición buscará frenar la medida, argumentando que el ajuste no debe recaer sobre un colectivo de alta vulnerabilidad. El futuro de estas 155.000 pensiones penderá del resultado de las negociaciones políticas, con la presión social como factor determinante en la búsqueda de un consenso que evite un mayor deterioro en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
