El Gobierno nacional formalizará esta semana la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso, con el objetivo primordial de tratar el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2026 y, potencialmente, incluir un paquete de reformas legislativas consideradas estratégicas. La decisión, que obligará al Poder Legislativo a trabajar durante el mes de diciembre, busca garantizar que el Ejecutivo cuente con su principal hoja de ruta fiscal aprobada y enviada a publicación antes de finalizar el año, consolidando la gestión económica de cara al próximo ciclo.
La determinación de convocar a sesiones llega después de que el debate presupuestario fuese estratégicamente pospuesto, buscando navegar con mayor consenso la nueva composición de la Cámara de Diputados, tras las recientes elecciones. Según fuentes allegadas a Casa Rosada, el aplazamiento se justificó en la necesidad de generar “mayores acuerdos” que aseguren la viabilidad del proyecto, evitando un desgaste político prematuro en un hemiciclo que presenta un equilibrio de fuerzas especialmente sensible para la administración.
Aunque la prioridad indiscutible es la ley de gasto y recursos, el Ejecutivo evalúa sumar a la agenda legislativa un conjunto de reformas de menor calado, cuyo contenido se mantiene bajo estricto hermetismo. Estas adiciones podrían ir desde ajustes al Código Fiscal hasta modificaciones regulatorias sectoriales. Analistas políticos sugieren que el Gobierno podría utilizar la ventana de urgencia que impone el Presupuesto para impulsar medidas complementarias que, presentadas de forma aislada, encontrarían una oposición más férrea.
El éxito de esta convocatoria reside, según el Dr. Alberto Cisneros, experto en derecho parlamentario, en la capacidad de ingeniería política del oficialismo para articular los nuevos bloques legislativos. “El presupuesto es el documento rector del Gobierno. Su aprobación sin contratiempos envía una señal de certidumbre fiscal a los mercados, pero requiere un trabajo quirúrgico de negociación sectorial, no solo de grandes alianzas”, precisó el especialista.
Las implicancias del Presupuesto 2026 son de gran magnitud, ya que definirá el sendero de las grandes partidas, como la inversión en obra pública, las asignaciones a provincias y el nivel de los subsidios energéticos y de transporte. Por su parte, la discusión de las “reformas” adosadas permitirá vislumbrar la hoja de ruta del Gobierno en materia de modernización estatal y fomento a la inversión privada, en un contexto económico que aún requiere señales claras para su reactivación.
La apertura del período de sesiones extraordinarias anticipa un final de año de intensa actividad política en el Congreso. La aprobación expedita y fiel al texto original brindaría al Ejecutivo un espaldarazo fundamental para la ejecución de su plan. En contraste, cualquier demora o modificación sustancial podría complicar la gestión económica y erosionar la capacidad negociadora del Gobierno al inicio formal del nuevo ciclo legislativo.
