Río de Janeiro vivió una jornada de terror con la operación policial más letal en su historia reciente, que culminó con un saldo de 64 personas fallecidas, incluyendo cuatro agentes de seguridad, tras una masiva incursión contra la facción criminal Comando Vermelho (CV). El megaoperativo, que movilizó a 2.500 agentes, helicópteros y vehículos blindados en los complejos de Alemão y Penha, ha reavivado el debate sobre la política de seguridad pública y el uso de fuerza desmedida en las favelas cariocas, territorios históricamente disputados por el crimen organizado.
La ofensiva se lanzó con el objetivo primordial de capturar a Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, un capo regional del Comando Vermelho vinculado por la Fiscalía a más de un centenar de causas judiciales por homicidio, tráfico de drogas y tortura. La acción de las fuerzas del orden se desarrolló desde el amanecer, utilizando drones de reconocimiento y vehículos de demolición para romper las barricadas criminales, y concluyó con la incautación de 42 fusiles de alto calibre y la detención de 81 personas, según el balance oficial.
La magnitud de las víctimas mortales ha generado una ola de condena por parte de organizaciones de derechos humanos. Estas entidades, con un historial de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, cuestionan la proporcionalidad de la respuesta estatal en barrios densamente poblados. El director del observatorio World of Crime, Chris Dalby, señaló que esta operación evidencia que el Comando Vermelho opera con una “capacidad casi paramilitar”, lo que, si bien es una amenaza real, no exime de la obligación de respetar los protocolos de uso de la fuerza.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, defendió la acción calificándola de “guerra” contra una amenaza “insurgente”, pero al mismo tiempo lamentó la falta de apoyo logístico del Gobierno federal. Mientras las autoridades justifican la letalidad por la resistencia armada inusual de los criminales, los más de 200.000 habitantes de Alemão y Penha sufrieron la interrupción de servicios básicos, la suspensión de clases en 45 centros educativos y la parálisis del transporte, quedando atrapados en un conflicto que no controlan.
Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han recordado las advertencias emitidas en meses recientes sobre un proyecto de ley en el estado que podría crear “incentivos financieros para que la policía dispare en lugar de arrestar”, lo que profundiza la preocupación por la impunidad policial en este tipo de enfrentamientos. El dilema ético y legal sobre el uso de la fuerza en las favelas, donde la frontera entre combate legítimo al crimen y vulneración de derechos se difumina, persiste como un problema estructural.
De cara al futuro, el desafío del Estado de Río de Janeiro será doble: no solo desmantelar la capacidad operativa y logística del Comando Vermelho, sino también garantizar investigaciones independientes sobre cada una de las muertes ocurridas en el operativo. Si la estrategia se limita a la confrontación bélica sin una reconstrucción urgente del tejido social y la presencia institucional no policial en las favelas, el ciclo de violencia y el control territorial del crimen organizado continuarán definiendo la vida en la metrópolis.
