Federico Sturzenegger, arquitecto de las reformas estructurales del Gobierno y artífice de la desregulación laboral incluida en el DNU 70/2023, abordó la controversia generada por la extensión de la jornada laboral a 13 horas en ciertas actividades, una de las críticas más fuertes que ha recibido la legislación por parte de los gremios y especialistas en derecho del trabajo. El funcionario defendió la medida argumentando que no se trata de una imposición, sino de una flexibilización negociada que busca aumentar la productividad y reducir el desempleo, desmintiendo que implique una regresión en los derechos de los trabajadores.
La jornada laboral de hasta 13 horas, una de las modificaciones más audaces, no se aplica de manera generalizada, sino que está prevista para casos en los que el trabajador, tras un descanso adecuado, retome su actividad para totalizar un máximo de 57 horas semanales. Sturzenegger centró su defensa en el concepto de “acuerdo individual” o la negociación colectiva, señalando que la reforma ofrece herramientas para que empleadores y empleados pacten condiciones que se adapten mejor a las necesidades productivas y personales, en un marco de “mayor libertad contractual”.
Sin embargo, el núcleo de la crítica sindical y de la oposición política radica en que, en el contexto de la debilidad del mercado laboral y la alta informalidad, esta libertad contractual es a menudo una ilusión. Según especialistas en derecho laboral consultados, la posibilidad de pactar jornadas tan extensas, incluso con períodos de descanso intermedio, erosiona la protección histórica del trabajador y podría generar presiones indebidas para que los empleados acepten condiciones que, en la práctica, limitan su tiempo de descanso y ocio. La preocupación central es el impacto en la salud y la seguridad laboral.
Desde el Ministerio de Trabajo se ha insistido en que la reforma busca modernizar la legislación laboral argentina, que consideran obsoleta e inflexible. La justificación técnica de Sturzenegger se basa en la necesidad de reducir el llamado “costo argentino” para atraer inversiones y formalizar el empleo. Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), la tasa de empleo informal supera el 40%, un flagelo que el Gobierno busca combatir a través de la desregulación y la reducción de cargas impositivas a la contratación.
El debate excede el ámbito técnico-legal y se instala en el plano político, ya que la reforma laboral es un pilar de la gestión actual y fue motivo de un paro general convocado por la CGT. Los sindicatos, que ven en las modificaciones una amenaza a los convenios colectivos históricos, han judicializado la reforma. El argumento legal de los gremios sostiene que la desregulación contraviene principios constitucionales de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales, por lo que el futuro de la jornada de 13 horas se definirá en el ámbito judicial.
El resultado de esta disputa legal y política tendrá consecuencias decisivas. Si la reforma es validada, podría sentar un precedente para una flexibilización más profunda del mercado laboral; si es rechazada, representará un límite infranqueable al modelo de desregulación propuesto por el Gobierno. La promesa de mayor inversión y formalización laboral choca, por ahora, con la resistencia de los sectores que temen la precarización y la pérdida de derechos conquistados a lo largo de décadas.
