Cuatro países latinoamericanos —Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica— protagonizaron un quiebre diplomático sin precedentes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al desmarcarse de la tradicional postura de apoyo casi unánime a Cuba en la votación sobre la resolución que condena el embargo económico de Estados Unidos. Este distanciamiento, que se manifestó a través de votos en contra, abstenciones o ausencias estratégicas, marca un giro en la política exterior de estos países, priorizando la denuncia de la situación de derechos humanos en la isla por sobre la histórica narrativa del “bloqueo”.
El “portazo” histórico evidencia la fractura del consenso regional que por décadas blindó a la dictadura cubana de la crítica directa en foros internacionales. La iniciativa se enmarca en un contexto de reorientación ideológica de varios gobiernos sudamericanos y centroamericanos, que han adoptado una política exterior más alineada con la defensa de la democracia liberal y el rechazo a los regímenes autoritarios. El gesto de estos cuatro países simboliza un rechazo a la “diplomacia apócrifa” cubana y a la instrumentalización de la votación anual para legitimar la narrativa del régimen de La Habana.
El Desmantelamiento de la “Farsa del Bloqueo”
El argumento central esgrimido por estas naciones es que el debate sobre el embargo (o “bloqueo”, según la terminología cubana) desvía la atención de los verdaderos problemas de la isla: la represión interna, el encarcelamiento de opositores y el fracaso económico del sistema comunista. Los países que se desmarcaron buscan dejar claro que, si bien pueden condenar los efectos extraterritoriales de las sanciones de EE. UU., no pueden seguir respaldando, incluso de forma tácita, a un régimen que viola sistemáticamente las libertades fundamentales de sus ciudadanos.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, la decisión de estos países estuvo influenciada por informes de organismos internacionales de derechos humanos que documentan el incremento de la represión tras las protestas del 11 de julio en Cuba. El Salvador y la República Dominicana también enviaron un mensaje poderoso al dejar sus asientos vacíos en la votación, sumándose al desapego de la dictadura. Este frente latinoamericano, inusual en su firmeza, pone a la región en una posición de mayor coherencia con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
El cambio de postura de países clave como Argentina y Ecuador (que históricamente habían votado a favor de la resolución cubana o se habían abstenido bajo otras administraciones) impacta en la geopolítica de la región, que tradicionalmente ha intentado mantener una posición de neutralidad o de solidaridad automática con La Habana. Este nuevo alineamiento debilita la narrativa del “bloqueo” como única causa de la crisis cubana y empuja el debate hacia la necesidad de transición democrática en la isla, algo que Cuba y sus aliados (como Venezuela y Nicaragua) rechazan de plano.
El hecho tiene resonancias que van más allá de América Latina, con naciones como Siria, Hungría y Ucrania también desmarcándose de Cuba, reflejando una creciente preocupación global por la alianza del régimen cubano con Rusia y su presunto envío de mercenarios a zonas de conflicto. En este escenario, el “portazo” de Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica no es solo un acto de disidencia, sino la apertura de un nuevo capítulo en la política exterior regional, donde el respeto a los derechos humanos empieza a pesar más que la solidaridad ideológica de antaño.
