El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha elevado drásticamente el tono y el nivel de alerta militar en el país al promulgar y activar los denominados Comandos de Defensa Integral, advirtiendo que, de ser necesario, el país irá a la “lucha armada” para defender su soberanía. Esta medida de escalada, que formaliza la integración de civiles, militares y funcionarios públicos en un sistema de defensa territorial, se produce como respuesta directa al despliegue sin precedentes del grupo de ataque del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford en aguas del Caribe.
La orden de activación de estos comandos fue dada por el mandatario durante la firma de la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo. El objetivo de la normativa, según fuentes oficiales, es “afinar las capacidades de movilización en tiempo real” y el “despliegue de fuerza” en un hipotético escenario de agresión. Este nuevo sistema defensivo, que opera bajo el concepto de “guerra de todo el pueblo”, busca garantizar la defensa de instalaciones estratégicas y la cohesión interna ante la percibida “amenaza imperial”.
El contexto inmediato de esta activación es el masivo despliegue militar de Estados Unidos en la región, justificado por Washington como un intensivo operativo antidrogas. Sin embargo, Caracas lo interpreta como la “mayor amenaza” que el continente ha enfrentado en el último siglo. El General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa, ha detallado que el ejercicio militar en curso, denominado Plan Independencia 200, implica la “Puesta en Completo Apresto Operacional” y el despliegue de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y sistemas misilísticos, además de las Milicias Bolivarianas.
Los nuevos Comandos de Defensa Integral estarán dotados de una estructura compleja con cinco comités especializados, incluyendo el Comité Patriótico Bolivariano y el Comité Económico, Productivo y de Servicios. Esto subraya que la estrategia defensiva del régimen no se limita al ámbito militar tradicional, sino que integra la “fase de lucha no armada” para responder a lo que denomina la “guerra económica” y las “acciones de desestabilización promovidas por el imperialismo”, intentando fortalecer la resistencia social y económica ante sanciones y presiones externas.
La declaración de Maduro, en la que afirmó categóricamente: “Si nosotros, como república, como pueblo, entramos en una lucha armada para defender el sagrado legado de los libertadores, estamos listos para vencer“, resuena con un lenguaje que remite a la doctrina de guerra de guerrillas y resistencia popular, cuyo estudio ha sido promovido en altos círculos del chavismo, inspirándose en tácticas históricas como las utilizadas por Vietnam en el pasado siglo. La oposición venezolana, por su parte, ha intensificado sus llamados a la unidad y la movilización pacífica.
La escalada de retórica y el despliegue militar en Venezuela, en paralelo con la concentración de poder naval estadounidense en el Caribe, intensifica la inestabilidad en la región, transformando la disputa en un peligroso juego de pulso geopolítico. La activación de los comandos de defensa, que involucra a la población civil en la estrategia de seguridad, marca un punto de inflexión en la gestión de la crisis por parte de Caracas, elevando la posibilidad de un enfrentamiento, aunque sea por accidente o error de cálculo, en un contexto de máxima tensión bilateral.
