Ecuador ha cruzado un umbral de violencia sin precedentes, registrando el primer semestre de 2025 como el más sangriento de su historia reciente, con un total de 4.619 homicidios intencionales. Esta cifra representa un alarmante incremento del 47% respecto al mismo período de 2024, consolidando al país como el epicentro de una crisis de seguridad regional. La escalada es la consecuencia directa de la consolidación y disputa territorial de bandas criminales transnacionales ligadas principalmente al narcotráfico, llevando la tasa de muertes violentas a niveles comparables con zonas de conflicto abierto.
Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), la violencia no solo ha aumentado en volumen, sino también en agresividad y penetración social. El incremento en la proporción de homicidios ejecutados con armas de fuego ha generado una alerta crítica sobre la facilidad en el tráfico de armamento dentro del país. Además, un dato particularmente preocupante es el aumento del 68% en los homicidios de niños, niñas y adolescentes (NNA) de 10 a 19 años en comparación intersemestral, lo que refleja un reclutamiento forzoso y la exposición de grupos vulnerables a las dinámicas del crimen organizado.
La principal causa de esta espiral de violencia se encuentra en la profunda penetración del narcotráfico transnacional. Ecuador, antes considerado un “oasis de paz”, se ha convertido en un punto logístico estratégico para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Las bandas criminales han pasado de dedicarse exclusivamente al tráfico de drogas a diversificar sus actividades hacia la extorsión, el secuestro y la minería ilegal, luchando con ferocidad por el control de las rutas y los puertos marítimos, especialmente en la provincia del Guayas y la ciudad de Guayaquil.
Geográficamente, la violencia se consolida de manera alarmante en la Costa. Cerca del 40% de los homicidios se concentran en la Zona 8, que incluye los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón. Durán, en particular, ha visto un incremento exponencial en la violencia, lo que lo convierte en un termómetro de la crisis. Este patrón geográfico subraya la conexión directa entre la violencia y la infraestructura portuaria utilizada para el envío de grandes cargamentos de cocaína, exacerbando la disputa entre grupos como Los Choneros y Los Lobos.
El gobierno del presidente Daniel Noboa, a pesar de haber declarado un “conflicto armado interno” en enero y de movilizar a las Fuerzas Armadas, no ha logrado revertir la tendencia a largo plazo. Expertos en seguridad, como Daniel Pontón del IAEN, señalan que el enfoque se ha centrado mayormente en la seguridad reactiva sin abordar las causas estructurales del problema, como la corrupción estatal, la crisis penitenciaria y la falta de apoyo institucional en las comunidades vulnerables, factores que permiten que el crimen organizado persista y se fortalezca.
El desafío de Ecuador es ahora integral y requiere de un enfoque que trascienda la respuesta militar. La falta de ejecución de los presupuestos de seguridad y la ausencia de políticas sociales robustas se suman a la crisis. Mientras la corrupción siga socavando las instituciones y el sistema penitenciario permanezca bajo el control de las mafias, la tendencia de la violencia continuará al alza, amenazando con la desestabilización total y exigiendo un compromiso renovado del Estado y de la comunidad internacional para desmantelar las redes criminales que han cooptado la seguridad del país.
