La habitual manifestación de jubilados frente al Congreso de la Nación, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, escaló este miércoles en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. El operativo desplegado por la Policía Federal, en el marco de la aplicación del protocolo antipiquetes, derivó en forcejeos y al menos dos personas demoradas, confirmando la tensión creciente entre el derecho a la protesta y la decisión gubernamental de asegurar la libre circulación.
Los incidentes se registraron cuando los manifestantes intentaron descender de la vereda para avanzar sobre la calle, momento en que intervinieron los efectivos policiales. Un vallado preventivo, colocado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y la avenida Rivadavia con Callao, buscaba impedir el corte de la Avenida Entre Ríos y mantener despejada la circulación vehicular, reflejando la estricta observancia del protocolo impulsado por el Ministerio de Seguridad.
La situación se tornó más tensa con la detención de un reconocido activista, el Padre Paco Olveira, un sacerdote que participa frecuentemente en este tipo de movilizaciones. Aunque fue liberado posteriormente, su detención generó indignación entre los presentes y un fuerte cruce verbal con las fuerzas de seguridad, con manifestantes que calificaron de “animales” el accionar de los efectivos federales. La presencia de Infantería de la Policía Federal y Gendarmería, equipada con escudos, fue clave para contener el avance de quienes intentaban derribar las vallas.
El trasfondo de esta periódica movilización es el persistente reclamo de los jubilados por mejoras en sus haberes mínimos. El reclamo se produce en un contexto de ajustes por inflación que, si bien se rigen por una fórmula establecida (Resoluciones 338/2025 y 339/2025 de la ANSES), resultan insuficientes para compensar el deterioro del poder adquisitivo. Para el corriente mes de noviembre, la jubilación mínima se fijó en $333.058,39, a la cual se suma un bono extraordinario de $70.000.
Este refuerzo complementario se destina a quienes perciben la mínima y se extiende parcialmente a aquellos con ingresos inferiores a $403.150, buscando establecer un piso de ingresos mensual. Sin embargo, la persistencia de las protestas semanales demuestra que, para un sector significativo de la población pasiva, la combinación de haber mínimo y bonos sigue sin ser percibida como una solución estructural a la pérdida del valor de sus ingresos frente a la escalada inflacionaria y el costo de vida.
Los enfrentamientos de este miércoles ponen de manifiesto la delicada línea entre la gestión del orden público y la respuesta a los reclamos sociales, especialmente de sectores vulnerables como los jubilados. La aplicación estricta del protocolo antipiquetes, si bien garantiza el derecho al tránsito, intensifica la confrontación directa, augurando que, mientras el reclamo por haberes dignos continúe sin una respuesta de fondo, los miércoles de tensión frente al Congreso se convertirán en una constante del panorama político y social argentino.
