La dinámica legislativa en Argentina, crucial para la agenda de reformas del Gobierno Nacional, se articula a través de una compleja red de negociaciones provinciales. En este contexto, Diego Santilli, figura clave en la estrategia de la Casa Rosada en el Congreso, ha delineado una hoja de ruta que privilegia la consolidación de un “G20 de gobernadores” afines o dialoguistas, sin por ello cerrar las puertas a la potencial colaboración de los mandatarios provinciales del Frente de Todos/Unión por la Patria (UP).
La prioridad estratégica es forjar una mayoría parlamentaria relativa basada en el apoyo de los gobernadores que no responden al kirchnerismo duro. Este grupo, que incluye a mandatarios del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y partidos provinciales, es considerado el pilar para garantizar el quórum y la aprobación de leyes fundamentales, como el paquete de reforma laboral, la reforma fiscal y el presupuesto 2026. Santilli ha mantenido reuniones con varios de estos líderes provinciales, como los gobernadores de San Juan, Córdoba y Salta, buscando consensuar el apoyo legislativo a cambio de la reactivación de fondos de infraestructura y la solución de reclamos económicos, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la situación de las cajas de jubilaciones provinciales.
No obstante, la necesidad de sumar votos en un Congreso fragmentado obliga al oficialismo a mirar más allá de sus aliados naturales. Aunque el enfoque principal es la bancada “dialoguista” no K, Santilli ha expresado su disposición a negociar con los cuatro gobernadores identificados con la etiqueta kirchnerista. Esta apertura es pragmática y reconoce que, ante la aritmética legislativa actual, cada voto es valioso para alcanzar los 129 votos necesarios para la mayoría simple, especialmente en proyectos que enfrentan una fuerte resistencia, como la modernización laboral.
Analistas políticos señalan que esta estrategia dual responde a la necesidad de evitar la rigidez ideológica en el proceso de construcción de consensos. El G20 de gobernadores funciona como un núcleo duro de apoyo y de negociación centralizada, pero la flexibilidad para incorporar el respaldo de líderes provinciales de extracción peronista, cuyos intereses de gestión a menudo se superponen a las líneas partidarias, podría ser decisiva en votaciones ajustadas. La negociación con estos líderes provinciales se centrará en obtener concesiones específicas para sus distritos, más que en alineamientos políticos de largo plazo.
El diputado Santilli, con experiencia en el ámbito ejecutivo y legislativo, se posiciona así como un articulador clave del oficialismo. Su rol es crucial para evitar el “destrato” que, según críticos, caracterizó la relación del Ejecutivo con algunos aliados durante el primer año de gestión. La nueva dinámica exige una diplomacia más cuidadosa, donde la colaboración en leyes económicas se desvincule, en lo posible, de la confrontación política abierta.
En conclusión, la postura de Santilli refleja el imperativo político de construir una base de apoyo amplia y funcional en el Congreso. La prioridad son los gobernadores que comparten una visión de gestión, pero la puerta se mantiene abierta para aquellos del espectro kirchnerista que estén dispuestos a negociar el respaldo a las reformas a cambio de paliar las urgencias financieras de sus provincias, en una clara demostración de realpolitik legislativa.
