Una diputada provincial bonaerense presentó un proyecto de ley que propone crear un nuevo impuesto a la emisión de gases de efecto invernadero del ganado vacuno y porcino, poniendo el foco en el metano. La iniciativa, que busca generar un gravamen para las empresas del sector ganadero de la provincia, ha encendido la alarma en las entidades rurales, que ya han calificado la medida como “disparatada” y un nuevo obstáculo para la producción en un contexto económico de alta presión impositiva.
El proyecto, que responde a la creciente presión internacional por reducir las emisiones contaminantes, establece que los sujetos obligados del nuevo tributo serían las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia de Buenos Aires. La motivación central es alinear la política provincial con los compromisos climáticos globales, reconociendo el alto impacto del metano, un gas con un potencial de calentamiento global superior al dióxido de carbono en el corto plazo, en el fenómeno del cambio climático.
Según la propuesta, la provincia de Buenos Aires intentaría seguir una tendencia observada en países de vanguardia ambiental. Un caso emblemático es el acuerdo alcanzado en Dinamarca en 2024, que prevé gravar las emisiones de metano generadas por el ganado vacuno y porcino a partir de 2030, con una tasa inicial de 300 coronas (unos 44 dólares) por tonelada equivalente de CO2, cifra que se incrementará a 750 coronas (102 dólares) en 2035. Este antecedente extranjero es clave para entender la dirección que busca la legislación bonaerense.
Sin embargo, el sector agropecuario, representado por entidades como CARBAP, ha manifestado su rotundo rechazo, argumentando que este tipo de gravámenes no solo son injustos, sino que distorsionan la actividad productiva sin ofrecer soluciones claras. Los productores enfatizan que la ganadería ya enfrenta altos costos y retenciones, y que un nuevo impuesto reduciría la competitividad e incentivaría la informalidad, afectando a una de las principales fuentes de divisas y empleo de la provincia.
Expertos en economía ambiental señalan que, si bien la preocupación por el metano es legítima, la efectividad de un impuesto de este tipo en Argentina dependerá de su diseño y de la existencia de incentivos paralelos. La clave, según estos analistas, es que el gravamen estimule la adopción de tecnologías y prácticas —como aditivos alimentarios o biodigestores— que reduzcan efectivamente las emisiones, en lugar de ser solo un mecanismo de recaudación que castigue sin alternativas.
El futuro del proyecto es incierto. Su tratamiento en la Legislatura provincial promete un debate candente que enfrentará las urgencias fiscales y climáticas con la defensa de la producción agropecuaria. En caso de avanzar, la implementación de un “impuesto a la vaca” podría marcar un hito en la política ambiental argentina, forzando a la industria ganadera a una reestructuración de costos y métodos productivos para mitigar su huella de carbono, con un posible traslado a los precios finales de la carne.
