El capítulo impositivo de la ambiciosa Reforma Laboral, que ingresará a debate en el Congreso, contempla modificaciones que tendrán un impacto directo y significativo en las arcas del Estado. Analistas económicos y fuentes cercanas a la Secretaría de Hacienda estiman que los cambios propuestos generarán una reducción considerable en la recaudación fiscal, un costo que el Gobierno está dispuesto a asumir para incentivar la formalización del empleo.
La reforma incluye exenciones y modificaciones en las contribuciones patronales y en las multas asociadas al empleo no registrado. El objetivo central de estos incentivos es simplificar la carga impositiva para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y, crucialmente, reducir el costo de contratar, lo que según el Ejecutivo, fomentará la creación de puestos de trabajo registrados y combatirá la alta tasa de informalidad.
El monto exacto que el fisco dejará de percibir es objeto de proyecciones, pero las estimaciones preliminares lo sitúan en una cifra millonaria. Esta merma en la recaudación obliga al Ministerio de Economía a recalibrar las proyecciones presupuestarias para 2026, ya que el agujero fiscal debe ser compensado mediante el recorte de gastos o la optimización de otras fuentes de ingresos, una tarea que añade complejidad a la gestión macroeconómica.
El Dilema Fiscal: Incentivo vs. Sostenibilidad Expertos tributarios señalan que el diseño de estos cambios impositivos apunta a una balanza delicada: por un lado, se busca ofrecer un “período de gracia” o beneficios fiscales para que los empleadores incorporen personal sin la pesada carga de las multas anteriores; por el otro, se arriesga la sostenibilidad de las cuentas públicas, especialmente en áreas como la seguridad social, que dependen fuertemente de las contribuciones.
Desde la perspectiva del Gobierno, la pérdida inicial de recaudación se justifica por el beneficio macroeconómico a largo plazo, argumentando que la formalización del empleo, al incrementar la base de contribuyentes y reducir los gastos sociales asociados a la informalidad, terminará siendo un factor positivo. El éxito de la medida, sin embargo, depende de que los incentivos efectivamente se traduzcan en un aumento masivo de puestos de trabajo registrados.
La discusión legislativa de este capítulo impositivo será clave. Los bloques de la oposición y los gobernadores provinciales seguramente exigirán claridad sobre la compensación de estos fondos y la garantía de que el costo fiscal no impacte negativamente en los servicios públicos esenciales o en la coparticipación. La reforma, por lo tanto, no solo se debate en términos de derechos laborales, sino también en su impacto directo en la caja del Estado.
