El Gobierno Nacional, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), ha emitido una intimación formal a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol exigiendo explicaciones detalladas sobre sus estados contables y financieros. Esta medida marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Poder Ejecutivo y la cúpula del fútbol local, centrando el foco en la transparencia administrativa de las entidades que rigen el deporte más popular del país. La urgencia del pedido radica en presuntas inconsistencias detectadas en la presentación de balances, lo que ha encendido las alarmas en los organismos de control estatal.
La intervención oficial surge tras un exhaustivo análisis de la documentación presentada por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, donde se habrían observado discrepancias en los flujos de caja y en la asignación de recursos extraordinarios. Según fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, la IGJ busca determinar si los fondos declarados coinciden con los movimientos bancarios registrados durante el último ejercicio fiscal. Este requerimiento no solo exige documentación respaldatoria, sino que impone plazos perentorios para que la dirigencia del fútbol argentino brinde una respuesta técnica que despeje cualquier sospecha de mala administración o falta de transparencia.
El conflicto se desarrolla en un contexto de reforma estructural del fútbol argentino, donde el Gobierno ha manifestado abiertamente su intención de impulsar el modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una propuesta que encuentra una resistencia férrea en la actual conducción de la AFA. Analistas del sector legal y deportivo sugieren que este movimiento administrativo podría ser el preludio de una batalla judicial más profunda, orientada a auditar la gestión de los derechos de televisión y los contratos de patrocinio, áreas que representan los mayores ingresos de la institución de la calle Viamonte.
Desde el entorno de la AFA y la Liga Profesional han recibido la noticia con cautela, aunque califican la medida como una “persecución administrativa” que busca socavar la autonomía de las federaciones deportivas. Sin embargo, especialistas en auditoría contable señalan que cualquier entidad civil que maneje fondos de tal magnitud debe estar sujeta a un escrutinio público riguroso, especialmente cuando existen dudas sobre la distribución de ingresos hacia los clubes del interior y de categorías menores. La falta de claridad en estos puntos específicos es lo que habría motivado la intervención directa del organismo fiscalizador.
La implicancia política de esta intimación es innegable, dado que el fútbol en Argentina opera como una caja de resonancia social y económica de gran alcance. Si la AFA no logra justificar los puntos señalados por la IGJ, podría enfrentarse a sanciones que van desde multas económicas hasta la impugnación de sus asambleas generales. El Poder Ejecutivo, por su parte, refuerza con esta acción su discurso de “transparencia total” en las instituciones intermedias, utilizando las herramientas legales para forzar una apertura de datos que históricamente ha sido limitada en el ámbito federativo.
Hacia el futuro, el desenlace de esta intimación definirá el grado de control que el Estado podrá ejercer sobre las estructuras del fútbol profesional. Si las explicaciones de la AFA son consideradas insuficientes, se abre la puerta a una intervención judicial que podría alterar por completo el cronograma electoral y la estructura jerárquica de la asociación. En los próximos días, la respuesta formal de los equipos contables de la Liga y la AFA determinará si se inicia un proceso de regularización o si, por el contrario, el conflicto escala hacia una confrontación institucional de dimensiones inéditas.
