La Confederación General del Trabajo (CGT) ha iniciado una fase de movilización masiva con el objetivo de congregar a unas 150.000 personas en la Plaza de Mayo, en lo que se prevé como una de las demostraciones de fuerza sindical más importantes de los últimos meses. Ante la magnitud de la convocatoria, la cúpula sindical ha decidido reforzar de manera extraordinaria su propio operativo de seguridad y control. Esta medida busca prevenir incidentes aislados que puedan desvirtuar el reclamo central y, al mismo tiempo, evitar provocaciones que deriven en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad estatales.
El trasfondo de esta marcha se asienta en el descontento social por la erosión del poder adquisitivo y las recientes medidas económicas que afectan a los convenios colectivos de trabajo. Según fuentes gremiales, la intención es realizar una “demostración de unidad” ante el Gobierno Nacional, marcando una postura firme frente a las reformas laborales y previsionales propuestas en el Congreso. La logística para trasladar a miles de trabajadores desde el conurbano bonaerense y distintas provincias ya está en marcha, coordinada por los sindicatos de mayor peso como Camioneros, Sanidad y la UOCRA.
El operativo de seguridad interna de la CGT contará con la participación de cuerpos orgánicos de los gremios, quienes se encargarán de establecer cordones de contención y asegurar que las columnas de manifestantes ingresen y egresen de la zona de manera ordenada. Esta decisión de “autocontrol” responde a la vigencia del protocolo antipiquetes y a la necesidad de la central obrera de mantener la legitimidad de la protesta ante la opinión pública. Analistas políticos sugieren que la CGT quiere evitar a toda costa escenas de violencia que den argumentos al Ejecutivo para criminalizar el derecho a la huelga.
Desde el sector gubernamental, se observa con cautela este despliegue, reforzando la presencia de fuerzas federales en los puntos estratégicos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. La tensión entre el Ministerio de Seguridad y los organizadores radica en el uso del espacio público y la garantía de la circulación. Sin embargo, la CGT ha manifestado que su prioridad es la paz social durante la jornada, enfocando el éxito del evento en la contundencia de la asistencia y no en el corte de arterias principales por tiempo indeterminado.
En términos económicos, la movilización representa un desafío logístico y financiero para los sindicatos, pero es considerada una inversión necesaria para reafirmar su rol como interlocutores válidos en la mesa de negociaciones paritarias. La presión interna dentro de la central también juega un papel clave: los sectores más combativos exigen un plan de lucha que culmine en un paro general, mientras que el sector dialoguista ve en la movilización a Plaza de Mayo una forma de canalizar el malestar sin llegar al quiebre total de las negociaciones con el Estado.
La proyección para el día de la marcha indica que la actividad en el centro porteño se verá severamente afectada, con cierres de estaciones de subte y desvíos de colectivos. El impacto futuro de esta movilización dependerá de la capacidad de la CGT para sostener la unidad del bloque sindical tras el acto y de la respuesta política que ofrezca el Gobierno a los reclamos presentados. Como reflexión final, esta jornada será un termómetro preciso del clima social en Argentina y de la capacidad de convocatoria de las estructuras sindicales tradicionales en un escenario de profunda transformación política.
