Una jornada de alta volatilidad política y social se vive en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde manifestantes de diversas organizaciones sociales y sindicatos mantienen un tenso enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. La protesta se originó de forma paralela al inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, donde se debate el proyecto de Presupuesto 2026. El despliegue del protocolo antipiquetes derivó en incidentes aislados cuando grupos de manifestantes intentaron vulnerar el cordón policial que protege los accesos al palacio legislativo.
El foco del conflicto radica en las partidas presupuestarias asignadas para el próximo año, las cuales contemplan un fuerte ajuste en áreas sensibles como la obra pública y los fondos para universidades nacionales. De acuerdo con fuentes policiales, el operativo de seguridad cuenta con la participación de Gendarmería Nacional y la Policía Federal, con el objetivo de garantizar la libre circulación en las arterias principales de la zona. Sin embargo, el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes ha sido necesario para contener los intentos de avanzar sobre las vallas de seguridad.
Dentro del recinto, la atmósfera no es menos hostil. La oposición ha denunciado que el proyecto oficialista subestima la inflación proyectada y prioriza el pago de deuda externa sobre el gasto social. Referentes de los bloques minoritarios advierten que, de aprobarse el presupuesto en sus términos actuales, se profundizaría la recesión en sectores clave de la economía interna. Por su parte, el Poder Ejecutivo sostiene que el “equilibrio fiscal innegociable” es la única vía para consolidar la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos meses.
Informes de analistas políticos sugieren que esta protesta es una de las más multitudinarias en lo que va del ciclo legislativo, reflejando el malestar de sectores que se ven directamente afectados por la reducción de subsidios y la desregulación de precios. Organizaciones de derechos humanos han solicitado la presencia de veedores para monitorear el accionar de las fuerzas de seguridad, mientras que el Ministerio de Seguridad defiende la legitimidad del operativo bajo la premisa de mantener el orden público durante un acto institucional clave.
La situación se ha visto agravada por la interrupción total del servicio de transporte en las calles aledañas, lo que ha generado un caos vehicular en el centro porteño. Mientras los legisladores continúan con las exposiciones de los dictámenes de mayoría y minoría, la tensión en la calle no parece ceder. La sesión se prevé maratónica, extendiéndose posiblemente hasta la madrugada, bajo un clima de incertidumbre sobre si el oficialismo logrará los votos necesarios para la media sanción sin introducir modificaciones sustanciales.
Hacia el cierre de la jornada, el impacto de estos incidentes podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y los movimientos sociales. Si bien el debate legislativo sigue su curso formal, la imagen de un Congreso blindado y rodeado de conflictos sociales plantea desafíos inmediatos para la gobernabilidad. El desenlace de la votación y la evolución de las protestas en las próximas horas serán determinantes para definir el clima político con el que la administración nacional iniciará el nuevo año fiscal.
