En un movimiento legislativo de alto impacto para las economías regionales y el sector extractivo, el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares logró este jueves el dictamen de mayoría en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente del Senado. La iniciativa, que forma parte del temario de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo, busca flexibilizar la normativa vigente para permitir el desarrollo de proyectos productivos en áreas que hoy se encuentran bajo estricta protección ambiental.
El eje central de la reforma reside en otorgar a las provincias la potestad de determinar qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, basándose en si constituyen o no una “reserva estratégica de agua”. Durante el debate, la Oficina del Presidente enfatizó que la actual legislación paraliza el ejercicio de las competencias provinciales sobre sus propios recursos naturales. De sancionarse, este cambio normativo rompería con la protección absoluta que rige actualmente tanto para glaciares como para el ambiente periglacial.
La sesión contó con la presencia de los gobernadores de San Juan, Manuel Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes defendieron la medida como un motor indispensable para el empleo y la inversión. Orrego subrayó la necesidad de un marco que no detenga la minería responsable, mientras que Jalil destacó que solo en su provincia la actividad genera miles de puestos de trabajo directos. Desde el sector empresarial, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) respaldó la adecuación normativa para “reducir incertidumbres” que frenan inversiones internacionales de largo plazo.
En la vereda opuesta, científicos y organizaciones ambientalistas manifestaron su rechazo absoluto, calificando el proceso como un “tratamiento exprés” que pone en riesgo el ecosistema. Pablo Villagra, representante del IANIGLA, defendió el Inventario Nacional de Glaciares y advirtió sobre la falta de rigurosidad en los nuevos criterios propuestos. Por su parte, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace alertaron que la reforma es “inconstitucional” y que desprotege reservas hídricas vitales en un contexto de crisis climática global.
El oficialismo ha demostrado una notable celeridad en la gestión de este expediente, logrando el dictamen apenas días después de haber enviado el proyecto al Congreso el pasado 15 de diciembre. Esta premura responde a la estrategia de la mesa política del Gobierno de consolidar reformas estructurales antes del cierre del año legislativo. No obstante, la postergación del debate en el recinto hasta el 10 de febrero de 2026 sugiere que aún resta un tramo de negociación política para asegurar los votos necesarios en una cámara alta tradicionalmente fragmentada.
El futuro de la ley dependerá ahora de la capacidad de los gobernadores aliados para alinear a sus senadores frente a la presión de los movimientos sociales y ambientales. El impacto de esta decisión no es menor:
