La Dirección General Impositiva (DGI) ha dado un paso firme en su ofensiva judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ampliando una denuncia previa por presunta apropiación indebida de tributos. Esta medida escala el conflicto entre el Poder Ejecutivo y la entidad que regula el fútbol nacional, en un contexto donde el control de los flujos financieros de las asociaciones civiles sin fines de lucro se ha vuelto una prioridad de la agenda fiscal. La acusación no solo apunta a irregularidades contables, sino que pone bajo la lupa la gestión de los fondos destinados a la seguridad social de los trabajadores del sector.
El núcleo de la ampliación presentada por los organismos recaudadores radica en el presunto incumplimiento de la AFA al no depositar en tiempo y forma las retenciones practicadas sobre los salarios de sus empleados y otros actores vinculados. Según fuentes judiciales, se investiga si estos fondos, que debían ser derivados al sistema previsional y de salud, fueron desviados para financiar gastos operativos o de gestión de la propia asociación. Este tipo de figuras penales tributarias conlleva penas severas, ya que el Estado actúa en representación del patrimonio de los trabajadores afectados por la falta de aportes.
El conflicto no es nuevo, pero se ha profundizado tras las auditorías integrales que el gobierno nacional ha impulsado sobre los convenios especiales de seguridad social que benefician al fútbol profesional. Desde el sector técnico de la administración tributaria señalan que los beneficios del Decreto 1212 —que otorga un régimen diferencial de aportes— no eximen a las entidades de su responsabilidad como agentes de retención. La sospecha de una “caja política” dentro de la institución deportiva sobrevuela el análisis de los expertos tributaristas, quienes advierten un cambio de paradigma en la fiscalización de estos entes.
Por su parte, el entorno de la AFA ha manifestado en diversas oportunidades que las desprolijidades administrativas responden a retrasos en los pagos de los derechos de televisión y a una asfixia financiera provocada por la coyuntura económica. No obstante, la justicia federal deberá determinar si existió dolo en la retención de los fondos. La tensión se incrementa además por el enfrentamiento ideológico entre la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia y el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que el Gobierno intenta implementar, lo que tiñe la causa de una inevitable lectura política.
En términos económicos, una resolución desfavorable para la AFA podría implicar embargos millonarios y una reestructuración forzosa de sus finanzas internas. Expertos del sector legal deportivo indican que, de comprobarse la apropiación indebida, la responsabilidad penal podría alcanzar de manera personal a los miembros del Comité Ejecutivo. Esto sentaría un precedente histórico para el resto de los clubes argentinos, que atraviesan situaciones financieras similares y que dependen de la estructura de la AFA para su sostenimiento institucional y económico.
El futuro inmediato de la causa dependerá de las pericias contables que ordene el juzgado interviniente en los próximos meses. Mientras la DGI asegura tener pruebas sólidas sobre el bache fiscal detectado, la opinión pública observa el caso como un termómetro de la transparencia en el deporte más popular del país. El desenlace de este litigio no solo definirá la solvencia de la AFA, sino que también marcará el alcance del control estatal sobre las organizaciones que históricamente han operado con márgenes de autonomía excepcionales en el sistema tributario argentino.
