Este 30 de diciembre se cumple el quinto aniversario de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, un hito que transformó la salud pública y los derechos reproductivos en la región. Para conmemorar la fecha, organizaciones feministas y sociales han convocado a una movilización hacia el Congreso de la Nación bajo la consigna de defender lo conquistado. Sin embargo, el clima de celebración se ve empañado por denuncias de un creciente desfinanciamiento de las políticas de salud sexual, lo que ha generado nuevas barreras de acceso en diversas provincias del país.
Informes recientes elaborados por organizaciones como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revelan una preocupante caída en la ejecución presupuestaria destinada a la provisión de insumos. Según estos datos, los fondos para la compra de misoprostol y mifepristona han sufrido recortes significativos en el último año, dejando la implementación de la ley a merced de las capacidades provinciales. Esta situación ha provocado que, en la práctica, el acceso al derecho sea desigual dependiendo del código postal de la persona gestante, reviviendo viejas brechas que la ley buscaba subsanar.
Desde el sector salud, profesionales y redes de acompañamiento alertan sobre el desmantelamiento de equipos territoriales y la eliminación de campañas oficiales de información. “El sistema de salud está desbordado y la falta de insumos básicos obliga a muchas personas a recurrir nuevamente a redes de socorrismo externas”, señalan fuentes del sector. La ausencia de capacitación continua para el personal médico y la persistencia de la objeción de conciencia sin una derivación adecuada son señaladas como las principales deudas pendientes de una política que fue ejemplo a nivel internacional.
En el ámbito político, el aniversario ocurre en un contexto de polarización donde sectores conservadores han vuelto a poner en duda la legitimidad de la norma. Mientras que las organizaciones de la “marea verde” exigen que se garantice el presupuesto para 2026, otros bloques parlamentarios han manifestado su intención de revisar ciertos aspectos de la ley, alimentando el fantasma de una posible derogación o limitación técnica. Este escenario ha reactivado la movilización callejera, entendida por las activistas como la única garantía para proteger el derecho adquirido frente a posibles retrocesos legislativos.
El impacto de la Ley IVE en estos cinco años es innegable: las estadísticas sanitarias iniciales mostraron una reducción drástica en las internaciones por complicaciones de abortos inseguros y una caída en la mortalidad materna por causas evitables. No obstante, especialistas advierten que estos logros son reversibles si no se sostiene una política de Estado activa. El acceso a métodos anticonceptivos, otro pilar de la ley, también ha registrado mermas en su cobertura, lo que podría derivar en un aumento de embarazos no intencionales en los sectores más vulnerables de la sociedad.
La jornada de hoy cierra con una reflexión sobre la sostenibilidad de los derechos civiles en tiempos de crisis económica. La movilización hacia el Congreso no solo busca recordar la histórica votación de 2020, sino también exigir que la salud pública sea priorizada en la agenda gubernamental. El futuro de la Ley 27.610 dependerá, en gran medida, de la capacidad de la sociedad civil para vigilar su cumplimiento y de la voluntad política para asignar los recursos necesarios que transformen el texto legal en una realidad efectiva para todas las personas.
