En un proceso diplomático que se mantiene bajo estricta reserva, representantes de las cancillerías de Argentina y Paraguay han iniciado una serie de reuniones técnicas para definir la soberanía de 72 islas situadas en el curso del Río Paraguay. Este histórico litigio limítrofe, que ha permanecido latente durante décadas, ha vuelto a la mesa de negociaciones con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las poblaciones ribereñas y optimizar la gestión de los recursos compartidos. La resolución de este diferendo es clave para la estabilidad de las fronteras y el desarrollo de proyectos de infraestructura en la región.
Las islas en cuestión, cuya jurisdicción es disputada debido a los cambios naturales en el cauce del río y la falta de demarcaciones precisas en tratados previos, representan un desafío logístico y legal para ambas naciones. Según expertos en derecho internacional y límites, la indefinición de la soberanía dificulta la aplicación de controles fronterizos efectivos y la lucha contra el tráfico ilícito, así como la protección de ecosistemas fluviales sensibles. De acuerdo con fuentes diplomáticas, las conversaciones avanzan bajo el principio de “equidad y respeto mutuo”, buscando una solución técnica que satisfaga a las dos partes.
El contexto de estas negociaciones se enmarca en una etapa de mayor cooperación bilateral, impulsada por la necesidad de agilizar la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las arterias comerciales más importantes del Cono Sur. La definición clara de los límites territoriales permitiría una mejor coordinación en las tareas de dragado y mantenimiento del canal, así como una regulación más eficiente de las actividades pesqueras y turísticas. Los equipos técnicos están utilizando tecnología satelital de alta precisión para actualizar la cartografía de la zona y establecer hitos definitivos.
A pesar de la confidencialidad del proceso, se ha filtrado que las discusiones incluyen no solo la titularidad de las tierras, sino también los derechos sobre los bancos de arena y las áreas de sedimentación joven. Un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina señala que la voluntad de ambos gobiernos es evitar que el tema se convierta en un punto de conflicto político, priorizando el entendimiento técnico y la vecindad constructiva. El precedente de acuerdos anteriores en otros tramos fronterizos sirve como base para las actuales deliberaciones.
El impacto social de esta resolución será directo para las comunidades que habitan o explotan comercialmente estas zonas. La falta de presencia estatal clara ha generado en el pasado situaciones de incertidumbre para los pobladores locales respecto a qué leyes y autoridades deben responder. La regularización de la soberanía de estas 72 islas proporcionará a los residentes el acceso pleno a servicios públicos y la protección de sus derechos de propiedad, eliminando las “zonas grises” que actualmente persisten en el río.
Se prevé que las negociaciones continúen durante los próximos meses antes de que se formalice un acuerdo definitivo que deba ser ratificado por los respectivos congresos nacionales. De culminar con éxito, este proceso representará un triunfo de la diplomacia preventiva y un paso fundamental hacia la integración regional. La resolución del litigio en el Río Paraguay demostraría que, incluso en temas de soberanía, el diálogo técnico y la cooperación estratégica pueden prevalecer sobre los intereses nacionalistas aislados, fortaleciendo el marco jurídico del Mercosur.
