El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha anunciado su firme intención de promover una reforma legislativa que incorpore la figura del “ecocidio” al Código Penal Argentino, en respuesta a la devastación provocada por los incendios forestales en su provincia. Esta iniciativa busca elevar las penas para aquellos que causen daños masivos e irreversibles al medio ambiente, equiparando la destrucción sistemática de ecosistemas con delitos de extrema gravedad. La propuesta surge en un momento de indignación social ante la sospecha de que gran parte de los siniestros son provocados por intereses inmobiliarios o conflictos territoriales.
El mandatario provincial argumentó que las herramientas legales vigentes resultan insuficientes para disuadir a quienes atentan contra el patrimonio natural. Según el equipo legal de la gobernación, la tipificación actual de “incendio doloso” no alcanza a cubrir la magnitud del daño ecológico y la pérdida de servicios ecosistémicos que sufren las comunidades. Con la figura del ecocidio, se busca no solo castigar a los autores materiales, sino también a quienes financian o se benefician indirectamente de la destrucción de bosques y áreas protegidas.
Especialistas en derecho ambiental han recibido la propuesta como un avance necesario en la jurisprudencia nacional, señalando que Argentina debe alinearse con las tendencias internacionales que buscan proteger la naturaleza como un bien jurídico superior. Un informe técnico de organizaciones ambientales locales destaca que la recuperación de las zonas incendiadas en la cordillera podría demorar más de medio siglo, lo que justifica una sanción penal que refleje la irreparabilidad del daño causado a las generaciones presentes y futuras.
La iniciativa de Torres también contempla la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales, dotada de recursos tecnológicos y científicos para la investigación de incendios. El gobernador ha manifestado que “quien quema un bosque no solo comete un delito contra la propiedad, sino un crimen contra la humanidad”, subrayando la necesidad de que la justicia actúe con celeridad y firmeza. Este planteo busca generar un consenso transversal en el Congreso Nacional para que la reforma sea tratada con prioridad en la agenda legislativa.
Desde sectores productivos y turísticos de la Patagonia han expresado su apoyo a la medida, entendiendo que la seguridad jurídica y la preservación del entorno son pilares fundamentales para el desarrollo regional. Sin embargo, también se advierte sobre la necesidad de que la ley sea lo suficientemente precisa para evitar arbitrariedades y asegurar que el peso de la ley recaiga efectivamente sobre los responsables del daño ambiental a gran escala. La discusión técnica sobre la definición de los límites del ecocidio será clave en el debate parlamentario.
La proyección de esta ley podría transformar la política de conservación en Argentina, enviando un mensaje claro sobre la intolerancia estatal ante la degradación del entorno natural. De prosperar, la incorporación del ecocidio al Código Penal representaría un hito en la historia legislativa del país, posicionando a la preservación del medio ambiente como una política de Estado innegociable. El éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad de los distintos bloques políticos para transformar la emergencia actual en una solución estructural y duradera.
