El Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), ha dado el primer paso formal para implementar una nueva actualización en los cuadros tarifarios de la red vial concesionada. Mediante la Resolución 42/2026 publicada en el Boletín Oficial, se convocó a un proceso de consulta pública que prevé incrementos de hasta un 19% en los peajes de las principales autopistas y rutas del país. La medida busca ajustar los ingresos de la empresa estatal Corredores Viales S.A. en un contexto de reestructuración del sistema de transporte y en medio del proceso de privatización que atraviesa la firma encargada del mantenimiento de estas trazas.
La propuesta técnica elaborada por Vialidad Nacional establece un nuevo precio base para vehículos particulares que pasaría de los actuales $1.300 a los $1.500 en la mayoría de los tramos. Entre las arterias afectadas se encuentran corredores estratégicos para el comercio y el turismo, como la Autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, y las conexiones Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba. También se verán alcanzados diversos tramos de las rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9 y 12, afectando de manera directa el costo logístico de los fletes y el presupuesto de los usuarios particulares que transitan las zonas metropolitanas y del interior.
Una de las novedades más significativas de esta actualización es la eliminación de la bonificación por el uso de sistemas de pago automático. De acuerdo con el nuevo esquema propuesto, los usuarios de TelePASE dejarán de contar con el descuento diferencial que existía hasta ahora, pasando a abonar el mismo monto que el pago manual en todas las categorías y franjas horarias. Según el organismo oficial, aunque se sigue alentando el uso de tecnología para agilizar el tránsito y reducir los tiempos de viaje, la unificación tarifaria responde a la necesidad de equilibrar los costos operativos de recaudación y mantenimiento de la infraestructura.
Desde el sector de transporte de carga, la noticia ha generado preocupación inmediata. Cámaras empresariales del rubro advierten que el aumento, sumado a la eliminación de beneficios por pago automático, impactará de forma directa en la estructura de costos, lo que eventualmente podría trasladarse a los precios finales de los productos de consumo masivo. Por su parte, el Poder Ejecutivo argumenta que la actualización es indispensable para garantizar los estándares mínimos de seguridad vial y la ejecución de obras de bacheo, señalización e iluminación en una red nacional que presenta un marcado déficit de inversión tras años de atraso tarifario.
El procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” permitirá que ciudadanos, asociaciones de usuarios y organismos de defensa del consumidor expresen sus opiniones durante los próximos 15 días hábiles a través de la plataforma web de Vialidad Nacional. Si bien estos mecanismos no suelen ser vinculantes, funcionan como una instancia de transparencia previa a la firma del decreto definitivo que pondrá en vigencia los nuevos valores. En el caso de la Autopista Riccheri, los valores para vehículos de gran porte con más de seis ejes podrían llegar hasta los $7.500 en hora pico, reflejando la magnitud del ajuste en los eslabones más altos de la escala.
Se proyecta que las nuevas tarifas entren en vigencia a mediados de febrero, una vez concluida la etapa de consulta y procesados los informes técnicos finales. Este incremento se suma a los ya aplicados en los corredores de la Costa Atlántica a principios de año, consolidando una tendencia de actualización constante vinculada a los índices inflacionarios y los costos de materiales viales. En el largo plazo, el éxito de esta medida dependerá no solo de la recaudación, sino de la capacidad del Estado para demostrar que mayores tarifas se traducen efectivamente en rutas más seguras y en una transición eficiente hacia la gestión privada de los corredores nacionales.
