En un paso decisivo para la ejecución del programa de reformas estructurales, el Poder Ejecutivo ha comenzado a formalizar los mecanismos técnicos para la venta de las acciones estatales en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Este movimiento marca el inicio formal del capítulo de privatizaciones contemplado en la Ley Bases, con el cual la administración nacional busca reducir el déficit operativo de las empresas públicas y atraer inversiones de capital privado al sector de infraestructura básica. La decisión se enmarca en una política de retiro del Estado de actividades que el oficialismo considera pueden ser gestionadas con mayor eficiencia por el sector privado.
El proceso se encuentra en una etapa de definición de los pliegos y la valuación de los activos, un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y la Secretaría de Empresas Públicas. De acuerdo con informes técnicos del sector, AySA requiere un plan de inversión intensivo para expandir y mantener las redes de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), obras que el Estado nacional ha limitado en el marco de su plan de ajuste del gasto público. La venta de acciones no solo implicaría un ingreso de fondos para el Tesoro, sino también el traspaso de la responsabilidad de inversión al nuevo operador.
La estructura de la operación contempla distintas modalidades que podrían ir desde una oferta pública de acciones hasta la búsqueda de un socio estratégico con experiencia internacional en la gestión de servicios públicos. Según fuentes gubernamentales, el objetivo es garantizar la transparencia del proceso y asegurar que el nuevo esquema de propiedad no comprometa la continuidad ni la calidad de un servicio esencial. No obstante, el inicio de esta privatización despierta interrogantes sobre los futuros cuadros tarifarios, que deberán equilibrar la rentabilidad empresaria con la accesibilidad del servicio para los usuarios.
Desde el punto de vista político, la puesta en marcha de las privatizaciones de la Ley Bases representa una victoria simbólica y operativa para el Gobierno tras meses de negociaciones legislativas. Se espera que el modelo aplicado en AySA sirva como hoja de ruta para otras compañías incluidas en el listado de empresas sujetas a privatización o concesión. Sectores de la oposición y sindicatos del rubro sanitario han manifestado su preocupación, advirtiendo que la salida del Estado podría derivar en un aumento desmedido de los costos para los hogares y una desinversión en zonas de menor rentabilidad.
Especialistas en derecho administrativo y economía señalan que el éxito de esta venta dependerá del marco regulatorio que se establezca tras la privatización. La creación de un ente de control robusto será fundamental para auditar el cumplimiento de las metas de expansión de red y la calidad del agua. La experiencia histórica en Argentina sugiere que las privatizaciones de servicios públicos requieren reglas de juego claras y contratos que contemplen contingencias macroeconómicas para evitar futuras judicializaciones o rescisiones contractuales costosas para el país.
El inicio de la venta de acciones en AySA se proyecta como el primer hito de una serie de desestatizaciones que buscarán reconfigurar el mapa empresarial argentino durante el año 2026. El impacto final se medirá no solo por el ahorro fiscal inmediato, sino por la capacidad del nuevo esquema para resolver problemas estructurales de infraestructura que han afectado al AMBA durante décadas. El mercado financiero observa con atención, entendiendo que el resultado de este proceso será un indicador clave del clima de negocios para inversiones de largo plazo en el país.
