En un movimiento estratégico dentro de su agenda parlamentaria, el Gobierno Nacional ha decidido concentrar todos sus esfuerzos políticos en la aprobación de la reforma laboral, relegando temporalmente otros proyectos clave como la baja de impuestos y las modificaciones al Código Penal. Esta decisión responde a la necesidad de generar señales inmediatas de previsibilidad para las inversiones y fomentar la creación de empleo registrado en un contexto económico desafiante. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la modernización de las relaciones laborales es la “piedra angular” necesaria para reactivar el aparato productivo.
La estrategia oficial implica priorizar el consenso con bloques opositores dialoguistas y sectores empresariales que reclaman una reducción de los costos de contratación y de la litigiosidad laboral. Según fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete, la decisión de postergar la reducción de la presión impositiva se debe estrictamente a la meta de equilibrio fiscal, argumentando que no hay margen para resignar ingresos públicos en el corto plazo sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Esta priorización ha generado debates intensos dentro de la propia coalición de gobierno y con sectores que esperaban un alivio fiscal más inmediato.
Analistas económicos coinciden en que la reforma laboral es un paso demandado por el mercado, pero advierten que la postergación de los cambios impositivos podría ralentizar la velocidad de la recuperación. El proyecto busca flexibilizar ciertos mecanismos de indemnización y extender los periodos de prueba, medidas que cuentan con el rechazo rotundo de las centrales sindicales, las cuales ya han anunciado medidas de fuerza en respuesta. El Gobierno, por su parte, confía en que la aprobación de estas reformas enviará un mensaje de orden y modernización a los organismos de crédito internacionales.
En cuanto a los cambios en el Código Penal, la decisión de dejarlos en un segundo plano responde a una saturación de la agenda legislativa y a la complejidad técnica que requieren dichas reformas. Desde el Ministerio de Justicia indicaron que, si bien la lucha contra la inseguridad sigue siendo una prioridad, el foco actual debe estar puesto en las herramientas que permitan estabilizar la economía. Se espera que el debate penal se retome en el segundo semestre del año, una vez que los indicadores de actividad económica muestren signos de consolidación.
La reacción de los sectores productivos ha sido mixta. Mientras que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) celebran la intención de reducir la carga laboral, lamentan que la estructura de impuestos siga siendo un obstáculo para su competitividad. Por otro lado, la oposición crítica sostiene que el enfoque gubernamental descuida la protección del trabajador en favor de una “desregulación excesiva”. Esta polarización de visiones asegura un debate legislativo arduo, donde cada artículo de la reforma laboral será negociado bajo la lupa de la opinión pública.
El éxito de esta hoja de ruta legislativa dependerá de la capacidad del oficialismo para articular mayorías en un Congreso fragmentado. De lograrse la reforma laboral, el Gobierno espera que la consecuente reactivación económica facilite, finalmente, la implementación de la baja de impuestos hacia finales de año. La proyección oficial es que, para el 2027, el país cuente con un marco normativo más ágil, aunque el costo político de estas prioridades se medirá en el humor social de los próximos meses y en la evolución de los índices de empleo.
