En una medida alineada con su política de desregulación y reducción de costos operativos para el sector privado, el Gobierno Nacional anunció la eliminación del aporte obligatorio que las empresas radicadas en Tierra del Fuego debían abonar para acceder a los beneficios del régimen de promoción industrial. Esta decisión, formalizada a través de una resolución publicada recientemente, busca simplificar la estructura administrativa del subrégimen fueguino y aliviar la carga financiera de las compañías tecnológicas y manufactureras instaladas en la isla.
Hasta la fecha, las firmas beneficiarias del régimen de promoción debían realizar contribuciones a un fondo específico destinado a proyectos de infraestructura y diversificación de la matriz productiva local. Según fuentes del Ministerio de Economía, este aporte era percibido por el sector privado como un “impuesto encubierto” que restaba competitividad a los productos fabricados en territorio nacional. Con esta eliminación, el Ejecutivo pretende que ese capital sea reinvertido directamente en procesos de innovación y mejora de la productividad interna de las plantas.
Expertos en materia tributaria y aduanera consideran que esta medida representa un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y el polo industrial de Tierra del Fuego. Al quitar esta obligación, el Gobierno envía una señal de certidumbre a los inversores, eliminando intermediarios en el manejo de los recursos generados por la industria. Sin embargo, algunos analistas advierten que la desaparición de este aporte podría dejar sin financiamiento directo a proyectos provinciales que dependían de esos fondos para el desarrollo de obras públicas locales.
Desde el sector empresarial, la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA) y otros referentes de la industria electrónica recibieron la noticia con optimismo. Argumentan que reducir los costos de entrada y permanencia en el régimen promocional es fundamental para enfrentar la competencia de productos importados y sostener los niveles de empleo en la región. Según datos del sector, la presión impositiva y los aportes extraordinarios representaban un porcentaje significativo de los costos fijos que ahora podrán ser reasignados.
No obstante, la medida también genera interrogantes sobre el impacto en la autonomía económica de la provincia de Tierra del Fuego. Legisladores provinciales han expresado su preocupación por la posible pérdida de recursos destinados al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP). El debate ahora se centra en si la mayor actividad económica derivada de la desregulación compensará la falta de estos fondos específicos que, en teoría, debían financiar la transición hacia una economía menos dependiente de los beneficios fiscales.
Hacia adelante, la eliminación de este aporte marca un hito en la agenda de reformas económicas del actual gobierno, que busca normalizar el funcionamiento de los regímenes especiales bajo criterios de libre mercado. El éxito de esta política se medirá en función de la capacidad de las empresas para generar nuevos puestos de trabajo y bajar los precios al consumidor final. La mirada del mercado estará puesta ahora en la reacción de la industria fueguina y en su capacidad para modernizarse sin la tutela financiera que representaba el esquema de aportes previos.
