El Poder Ejecutivo Nacional ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de ley destinado a reformar el Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central es la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años. Esta iniciativa busca dar respuesta a una demanda social creciente sobre la seguridad pública y actualizar una normativa que data de 1980, considerada obsoleta por las autoridades actuales. La importancia de esta reforma radica no solo en la sanción punitiva, sino en la creación de un sistema procesal específico que diferencie claramente el tratamiento de menores del de los adultos, bajo un enfoque de responsabilidad penal temprana.
De acuerdo con los detalles trascendidos desde el Ministerio de Justicia, el proyecto contempla una escala de penas diferenciada y la creación de establecimientos especializados que eviten el contacto de menores con delincuentes reincidentes de mayor edad. Los datos oficiales que maneja el área de seguridad indican que, si bien el porcentaje de delitos graves cometidos por menores es bajo en términos estadísticos generales, la participación de adolescentes en robos con armas y bandas organizadas ha mostrado una tendencia ascendente en los grandes centros urbanos. El objetivo declarado es “terminar con la impunidad” de los delitos cometidos por jóvenes que, bajo el régimen actual, no enfrentan consecuencias legales proporcionales.
Expertos en derecho penal juvenil señalan que la efectividad de esta medida dependerá críticamente de la infraestructura de reinserción que se implemente. El proyecto propone un acompañamiento interdisciplinario con psicólogos y trabajadores sociales, buscando que la privación de la libertad sea la última instancia en casos de delitos menores, pero manteniendo la firmeza en hechos de sangre o violencia extrema. Según analistas del sector, la baja de la edad a los 13 años alinea a la Argentina con legislaciones de otros países de la región, como Uruguay o Bolivia, aunque genera un intenso debate sobre los tratados internacionales de derechos del niño a los que el país está suscrito.
En el ámbito político, la iniciativa se interpreta como un cumplimiento de las promesas de campaña de la administración de Javier Milei, reforzando la narrativa de “el que las hace, las paga”. El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, ha enfatizado que el nuevo régimen dotará a las fuerzas policiales y a la justicia de herramientas más precisas para intervenir en zonas críticas donde el reclutamiento de menores por parte del narcotráfico es una realidad cotidiana. La propuesta incluye también sanciones para los adultos que utilicen a menores para cometer ilícitos, agravando las figuras penales existentes.
La oposición y diversos organismos de derechos humanos ya han manifestado sus reservas, argumentando que la solución a la inseguridad no debe ser exclusivamente punitiva, sino que requiere una intervención integral en las causas sociales y económicas que empujan a los adolescentes al delito. No obstante, el oficialismo confía en que el amplio respaldo ciudadano a medidas de seguridad más estrictas facilitará el tránsito del proyecto por el Congreso. Las discusiones en las comisiones de Legislación Penal y Familia prometen ser intensas, con el foco puesto en la capacidad del Estado para garantizar condiciones de detención que cumplan con estándares educativos y de formación laboral.
A largo plazo, el impacto de esta reforma se medirá por su capacidad para reducir la reincidencia juvenil y desarticular la estructura de las organizaciones criminales que hoy se amparan en la inimputabilidad de los menores. El éxito del régimen penal juvenil no solo dependerá de la sanción, sino de la eficiencia de la justicia para tramitar los procesos con celeridad, evitando que los jóvenes permanezcan en un limbo jurídico. El Gobierno proyecta que, de aprobarse la ley antes de finalizar el período legislativo, el nuevo sistema podría comenzar a implementarse de forma gradual en las jurisdicciones federales durante el próximo año.
