En un escenario político de alta intensidad, representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) mantienen reuniones estratégicas con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros operadores del Gobierno para definir los alcances de la reforma laboral. Aunque el radicalismo cuenta con un aval interno del 80% respecto a la necesidad de modernizar las leyes del trabajo, el bloque parlamentario ha condicionado su apoyo total a la modificación de puntos específicos que consideran sensibles para la paz social y la protección de los derechos adquiridos. Con al menos diez votos clave en disputa en el Senado, la negociación se ha vuelto el eje central de la agenda legislativa de la semana.
El proyecto de reforma busca reducir la litigiosidad laboral, extender los períodos de prueba y sustituir el sistema de indemnizaciones tradicional por fondos de cese laboral similares al modelo de la construcción. El apoyo de la UCR es fundamental para que el oficialismo logre la mayoría necesaria, pero el partido centenario exige salvaguardas que eviten una precarización excesiva. Según fuentes parlamentarias, las discusiones se centran en la eliminación de las multas por falta de registro laboral y en cómo equilibrar la libertad de contratación con la estabilidad del empleo en un contexto de recesión económica.
La figura de Patricia Bullrich en estas negociaciones resalta la importancia que el Poder Ejecutivo le otorga a la reforma como parte de un paquete de gobernabilidad más amplio. Para el Gobierno, la flexibilización de las condiciones de contratación es el motor necesario para que las empresas vuelvan a emplear personal de manera formal, reduciendo el alto índice de informalidad que afecta a casi la mitad de la población activa. Los expertos laborales que asesoran al oficialismo argumentan que las leyes actuales son un “ancla” para el crecimiento y que el miedo a las demandas judiciales impide que miles de pequeñas empresas expandan sus plantillas.
Por otro lado, la UCR busca imprimir una impronta de “equidad” en el texto final. Los legisladores radicales proponen cláusulas que fomenten el empleo joven y el crédito fiscal para las empresas que regularicen trabajadores, en lugar de una quita generalizada de derechos. Este enfoque busca diferenciar al radicalismo tanto del oficialismo libertario como de la oposición cerrada del kirchnerismo y los sindicatos. La postura de la UCR es delicada: deben demostrar que son una oposición colaborativa que facilita las herramientas de gestión al presidente, sin perder su identidad histórica vinculada a la defensa de las clases medias y los trabajadores.
El rol de los diez votos clave dentro de la Cámara Alta será determinante para el éxito o fracaso de la iniciativa. Estos senadores, que responden a gobernadores de provincias con realidades económicas diversas, están evaluando el impacto fiscal y social de la reforma en sus distritos. Las negociaciones incluyen también el capítulo sobre la cuota solidaria sindical, un punto que genera fuerte resistencia en la CGT y que el radicalismo prefiere tratar con cautela para evitar un conflicto de escala nacional que paralice la actividad mediante huelgas generales prolongadas.
Hacia adelante, el consenso parece posible si el oficialismo acepta ceder en la redacción de los artículos más polémicos a cambio de obtener la sanción estructural de la ley. Una reforma laboral exitosa sería interpretada por los mercados como una señal de madurez política y de capacidad de acuerdo entre las distintas fuerzas que componen el arco no peronista. Sin embargo, el tiempo apremia; el Gobierno necesita mostrar resultados concretos en la generación de empleo antes de las próximas elecciones legislativas, y la UCR sabe que su capacidad de presión es máxima en este momento de definición parlamentaria.
