La administración central ha iniciado una fase de control de daños estratégica tras reconocer que la redacción original del artículo 44 en el proyecto de reforma laboral constituyó un “error no forzado”. En un escenario de alta sensibilidad política, el Poder Ejecutivo intenta ahora encapsular la controversia para evitar que el desgaste legislativo comprometa el núcleo de la normativa. La urgencia por sellar el acuerdo responde a la necesidad de emitir señales de previsibilidad hacia los mercados y sectores productivos que aguardan la modernización del marco legal laboral.
El conflicto surgió por una interpretación técnica que, según diversos sectores jurídicos y gremiales, vulneraba derechos adquiridos, lo que otorgó una ventaja táctica a la oposición en el Congreso. Ante este panorama, el equipo de asesores legales de la Presidencia ha trabajado contrarreloj para proponer una redacción alternativa que suavice las asperezas sin desnaturalizar el espíritu desregulador de la ley. El objetivo es claro: neutralizar los focos de conflicto técnico antes de que la discusión llegue al recinto, donde los números para la aprobación siguen siendo ajustados.
Fuentes cercanas a la Casa Rosada admiten que la falta de una revisión exhaustiva previa permitió que un detalle procedimental se transformara en un obstáculo político de magnitud. Este traspié no solo activó las alarmas en los bloques aliados, sino que también envalentonó a las centrales obreras, que utilizaron el punto en disputa como bandera de resistencia. En respuesta, el oficialismo ha intensificado las rondas de negociación con gobernadores y legisladores “dialoguistas” para garantizar que no surjan nuevos reclamos de último momento que dilaten la votación.
Desde el sector empresarial, el análisis es de una cautela expectante. Los principales referentes industriales sostienen que la reforma es indispensable para la competitividad, pero advierten que la desprolijidad legislativa podría judicializar la norma una vez sancionada. Expertos en derecho laboral coinciden en que un error de técnica legislativa en este nivel de la ley podría derivar en una catarata de amparos, lo que anularía el efecto de seguridad jurídica que el Gobierno pretende proyectar al mundo.
Paralelamente, la estrategia oficial consiste en desplazar el eje de la discusión pública desde el error técnico hacia los beneficios macroeconómicos de la flexibilización de las contrataciones. Se busca instalar la narrativa de que la reforma es una herramienta de salida a la crisis y que el artículo 44 es un detalle subsanable frente a la magnitud del cambio propuesto. No obstante, la presión de los sectores sindicales más duros sigue siendo un factor de inestabilidad que obliga al Gobierno a mantener una guardia alta en la mesa de negociaciones.
El desenlace de esta pulseada legislativa marcará un hito para la gestión actual, definiendo su capacidad de maniobra en un Congreso fragmentado. Si el Ejecutivo logra encapsular exitosamente el conflicto y avanzar con el apoyo de los bloques intermedios, habrá superado su mayor prueba de fuego política hasta la fecha. De lo contrario, el costo de este “error no forzado” podría extenderse más allá de la reforma laboral, afectando la gobernabilidad y la confianza en la capacidad técnica del equipo de gobierno para conducir transformaciones estructurales.
