La Confederación General del Trabajo (CGT) ha ratificado la convocatoria a un paro general de 24 horas para este jueves 19 de febrero, una medida que amenaza con paralizar los principales centros urbanos del país. La huelga, que surge como respuesta directa al avance del proyecto de reforma laboral en el Congreso de la Nación, ha logrado una adhesión unánime de los gremios del transporte. Esta decisión coloca al Gobierno en una situación de máxima tensión, ya que la interrupción de los servicios básicos no solo afecta la movilidad, sino que actúa como un termómetro del descontento social ante las nuevas políticas de flexibilización propuestas por el Ejecutivo.
El sector automotor será uno de los pilares de la medida de fuerza tras la confirmación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Según fuentes gremiales, no habrá servicio de colectivos de corta, media ni larga distancia en todo el territorio nacional desde la medianoche. Roberto Fernández, secretario general del sindicato, sostuvo que la reforma afecta derechos fundamentales y que la adhesión es “una respuesta a la falta de diálogo” por parte de las autoridades nacionales. A esta postura se sumó la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a diversos sectores logísticos y de carga, garantizando un impacto sistémico en la cadena de suministros.
En el ámbito ferroviario, el panorama es similar con la confirmación de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Omar Maturano, referente de los maquinistas, ratificó que no circularán trenes de pasajeros ni de carga, argumentando que las modificaciones legales previstas impactan negativamente en las condiciones de seguridad y los regímenes de licencias de los trabajadores del sector. Paralelamente, los Metrodelegados anunciaron la paralización total del servicio de subtes y premetro en la Ciudad de Buenos Aires, lo que obligará a millones de usuarios a buscar alternativas de movilidad privada, las cuales se verán congestionadas por el cese de la actividad en las terminales neurálgicas.
El impacto de la jornada de protesta se extenderá también al sector aerocomercial. Los gremios aeronáuticos, incluyendo a pilotos y personal de tierra, han manifestado su adhesión, lo que resultará en cancelaciones y reprogramaciones masivas de vuelos tanto nacionales como internacionales. Esta situación se agrava por el hecho de que el Gobierno ya ha notificado que procederá al descuento del día a los empleados estatales que se sumen a la huelga, una política de “puño de hierro” que busca desincentivar la participación, especialmente en dependencias públicas y el sector educativo, donde algunos gremios docentes aún mantienen una postura dispar.
Analistas del sector económico advierten que un paro de transporte de esta magnitud representa una pérdida millonaria para el país, afectando la recaudación y la productividad en un contexto de alta fragilidad financiera. Desde el Ministerio de Seguridad, se ha informado que se desplegarán operativos preventivos para garantizar la libre circulación de quienes decidan trabajar, aunque admiten que, sin transporte público, la actividad laboral se verá reducida al mínimo. La medida de fuerza coincide estratégicamente con la sesión prevista en la Cámara de Diputados, marcando un hito en la conflictividad social de la gestión actual.
El éxito o fracaso de esta huelga será determinante para el futuro inmediato de la agenda legislativa del Gobierno. Si la adhesión es masiva, la CGT fortalecerá su posición de cara a futuras negociaciones, mientras que el oficialismo deberá evaluar si mantiene la rigidez de su proyecto o si abre canales de diálogo más flexibles con los sectores sindicales. Por el momento, el clima de incertidumbre domina la jornada previa, con una sociedad que se prepara para un jueves de inactividad forzada y un Congreso que sesionará bajo el asedio de la presión gremial.
