En una maniobra política de último momento, el Gobierno nacional ha decidido retirar el polémico Artículo 44 del proyecto de reforma laboral con el objetivo de destrabar su aprobación en la Cámara de Diputados. Este apartado, que proponía una modificación sustancial en el régimen de licencias por enfermedad e introducía recortes en la remuneración de los trabajadores exceptuados, se había convertido en el principal escollo para obtener el respaldo de los bloques aliados, como el PRO y la UCR. La decisión representa una concesión estratégica del oficialismo para evitar un revés parlamentario que ponga en riesgo la totalidad de la iniciativa legislativa.
El Artículo 44 buscaba sustituir el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), estableciendo que los trabajadores con enfermedades o accidentes inculpables percibirían solo el 50% de su salario en ciertos casos de riesgo voluntario, y el 75% en otros. Actualmente, la normativa vigente garantiza el cobro del 100% de la remuneración. Expertos en derecho laboral señalaron que esta modificación constituía un retroceso en los derechos adquiridos y generaba una zona gris de interpretación jurídica que aumentaría la litigiosidad. Ante la falta de consenso, el Ejecutivo optó por “limpiar” el texto para asegurar los votos de los sectores dialoguistas.
Con la eliminación de este punto, el trámite legislativo adquiere una nueva dinámica. Al haber sufrido modificaciones respecto al texto que recibió media sanción en el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara Alta una vez que sea aprobado en Diputados. Según fuentes parlamentarias, la intención del bloque de La Libertad Avanza es sesionar de manera inminente para dar sanción definitiva a los capítulos que sí cuentan con consenso, como la modernización de los regímenes de indemnización y la creación de nuevos esquemas de contratación para pequeñas y medianas empresas.
La reacción de los bloques opositores “amigables” ha sido de cautela pero optimismo. Desde el PRO manifestaron que la quita del artículo 44 brinda “previsibilidad y controles adecuados sin afectar la protección del trabajador”, algo que consideraban innegociable para acompañar la reforma. Por otro lado, los gobernadores de las provincias también presionaron para que se eliminara este punto, temiendo que la reducción de salarios por enfermedad generara focos de conflicto social en sus distritos. Esta recalibración del texto permite que el Gobierno mantenga la esencia de la reforma sin fracturar su base de apoyo parlamentario.
Desde el punto de vista técnico, la reforma laboral apunta a reducir la denominada “industria del juicio” y fomentar la creación de empleo registrado. Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA mantienen su rechazo absoluto, argumentando que, incluso sin el artículo 44, el proyecto sigue siendo regresivo. Para los sindicatos, el trámite legislativo es una formalidad que intenta encubrir una quita de derechos históricos, lo que justifica la convocatoria a medidas de fuerza masivas para intentar frenar el debate en el recinto.
Hacia adelante, el desafío del oficialismo será lograr que el Senado ratifique los cambios realizados en Diputados sin dilaciones excesivas. El calendario de sesiones extraordinarias apremia y el Gobierno necesita mostrar resultados concretos en materia de desregulación económica para calmar los mercados. La eliminación del artículo 44 demuestra un pragmatismo necesario en la construcción de mayorías, pero también deja en evidencia la fragilidad de un esquema legislativo donde cada artículo debe ser negociado bajo la lupa de una oposición que, aunque colaborativa, impone límites claros a la agenda libertaria.
