El Parlamento de Uruguay ha iniciado un proceso legislativo acelerado que busca convertir al país en el primero del Mercosur en ratificar formalmente el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE). Tras la firma política del tratado en enero de 2026, el gobierno de Montevideo ha enviado el documento al Palacio Legislativo con el objetivo de dar una señal de compromiso y apertura económica en un momento de incertidumbre global. Esta decisión no solo tiene un trasfondo comercial, sino que representa un movimiento geopolítico clave para posicionar a Uruguay como un socio confiable y dinámico dentro del bloque regional.
El canciller Mario Lubetkin, durante su reciente comparecencia ante la comisión bicameral, subrayó que este acuerdo constituye la asociación comercial integral más grande del mundo y una oportunidad histórica para diversificar las exportaciones nacionales. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Unión Europea es el segundo mayor socio comercial de Uruguay y un inversor fundamental en sectores estratégicos como el agropecuario, el forestal y las energías renovables. La ratificación parlamentaria se percibe como el paso final para otorgar seguridad jurídica a las empresas que buscan expandir sus operaciones en el mercado europeo.
A diferencia de procesos anteriores, esta vez existe un consenso mayoritario entre las principales fuerzas políticas, incluyendo tanto al oficialismo como a sectores de la oposición, quienes coinciden en la relevancia de no quedar rezagados frente a sus vecinos. Argentina, bajo la administración de Javier Milei, también ha avanzado con celeridad en su Cámara de Diputados, lo que ha generado una “competencia positiva” por ver qué nación completa primero el trámite de aprobación. Para Uruguay, ser el pionero en la ratificación refuerza su histórica postura de reclamar mayor flexibilidad y apertura externa dentro del funcionamiento del Mercosur.
No obstante, el camino hacia la implementación definitiva no está exento de obstáculos, especialmente desde el lado europeo. Mientras los parlamentos sudamericanos avanzan, en Europa persiste una fuerte resistencia de sectores agrarios, particularmente en Francia, y preocupaciones ambientales respecto a la deforestación en la Amazonía. Sin embargo, el esquema actual del acuerdo separa el pilar comercial —que solo requiere la aprobación del Parlamento Europeo— del pilar de asociación política, lo que facilita una entrada en vigor provisional que beneficiaría directamente a los exportadores uruguayos de carne, lácteos y software.
Desde el sector productivo uruguayo, la expectativa es alta pero cautelosa. El acuerdo prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de las líneas de comercio, lo que podría generar ahorros de miles de millones de dólares anuales para el bloque sudamericano. Analistas del sector agroexportador advierten que, si bien la apertura es beneficiosa, también exigirá una modernización de los estándares de sostenibilidad para cumplir con las rigurosas normativas ambientales de la UE. Uruguay, con su matriz energética mayoritariamente renovable, se encuentra en una posición de ventaja comparativa frente a otros socios para satisfacer estas demandas.
El éxito de esta ratificación rápida en Montevideo podría actuar como un catalizador para que Brasil y Paraguay sigan el mismo camino, consolidando un frente unido en Sudamérica frente a las dudas europeas. Si Uruguay logra finalizar el proceso antes de que termine el primer trimestre de 2026, enviará un mensaje de estabilidad institucional que podría atraer nuevas corrientes de inversión extranjera directa. En última instancia, la ratificación parlamentaria es el inicio de una nueva etapa de integración que promete redefinir las relaciones transatlánticas y el modelo de desarrollo productivo de la región para la próxima década.
