En un giro significativo de su política de defensa, Estados Unidos ha emitido una advertencia formal sobre la posibilidad de reanudar sus pruebas nucleares subterráneas tras décadas de moratoria. Esta postura surge como respuesta a informes de inteligencia que sugieren que el régimen de China podría estar llevando a cabo ensayos atómicos de “bajo rendimiento” de manera encubierta en sus instalaciones de Lop Nur. El anuncio ha encendido las alarmas en los foros internacionales de control de armamento, marcando el fin de un periodo de relativa estabilidad en la doctrina de no proliferación que ha imperado desde finales de la Guerra Fría.
Expertos del Pentágono y analistas de seguridad nacional sostienen que la falta de transparencia de Pekín respecto a sus actividades nucleares está erosionando el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT). Aunque China afirma cumplir con las normativas internacionales, las imágenes satelitales y los datos sísmicos analizados por agencias estadounidenses muestran una actividad inusual en los emplazamientos de prueba chinos. De confirmarse estos ensayos, Estados Unidos considera que se vería obligado a validar la fiabilidad de su propio arsenal atómico para mantener la paridad estratégica y garantizar la disuasión nuclear ante un adversario que acelera su modernización bélica.
La modernización del arsenal chino no es el único factor de preocupación; la velocidad con la que Pekín está expandiendo su tríada nuclear —terrestre, marítima y aérea— ha cambiado el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico. Según un informe reciente del Departamento de Defensa, China está en camino de triplicar sus ojivas nucleares para el final de la década. En este escenario, la administración estadounidense argumenta que una respuesta asimétrica o pasiva podría ser interpretada como una debilidad, incentivando una carrera armamentística global en la que otras potencias regionales también busquen desarrollar capacidades atómicas.
Desde el ámbito de la diplomacia internacional, diversos países europeos y organizaciones como la ONU han expresado su preocupación por lo que consideran el inicio de una nueva y peligrosa fase de competencia nuclear. La posibilidad de que Washington retome las pruebas físicas —y no solo simulaciones por computadora— rompería un consenso global que ha evitado explosiones atómicas reales por parte de las potencias tradicionales durante más de treinta años. Este movimiento podría desencadenar una reacción en cadena, llevando a naciones como Rusia o Corea del Norte a intensificar sus propios programas de desarrollo.
En términos políticos, esta advertencia también sirve como una herramienta de presión para forzar a China a sentarse en la mesa de negociaciones de control de armas, una invitación que Pekín ha rechazado sistemáticamente alegando que su arsenal es todavía una fracción del estadounidense. Sin embargo, los estrategas de Washington subrayan que el desarrollo de armas tácticas de baja intensidad requiere pruebas físicas para asegurar su eficacia en el campo de batalla, y que Estados Unidos no permitirá que su ventaja tecnológica se vea comprometida por el secreto estatal de sus competidores.
El desenlace de este pulso nuclear definirá la arquitectura de seguridad global de las próximas décadas. Una reanudación de las pruebas por parte de Estados Unidos no solo tendría implicaciones militares, sino también profundas consecuencias ambientales y políticas que alienarían a parte de la comunidad internacional. No obstante, la postura de la Casa Blanca es firme: la seguridad nacional y la integridad de la disuasión nuclear están por encima de los acuerdos que ya no son respetados por todas las partes. La pelota está ahora en el tejado de Pekín, cuya transparencia en las próximas semanas será determinante para evitar una escalada de consecuencias imprevisibles.
