En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre el fútbol argentino y los organismos de control gubernamental, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lanzó un contundente mensaje de resistencia hacia la Inspección General de Justicia (IGJ). El dirigente máximo del fútbol local aseguró que la institución no se someterá a lo que calificó como una “veeduría ilegítima”, defendiendo la autonomía de la entidad frente a lo que considera una intromisión indebida de la justicia administrativa. Este posicionamiento marca un punto de inflexión en la disputa por el control y la transparencia de la organización deportiva más poderosa del país.
El conflicto se originó tras la resolución de la IGJ de designar veedores para supervisar los procesos internos de la AFA, tras cuestionamientos sobre la validez de las asambleas y la toma de decisiones presupuestarias. Según fuentes cercanas a la dirigencia del fútbol, la AFA sostiene que sus estatutos están protegidos por las normativas de la FIFA y la CONMEBOL, las cuales prohíben estrictamente la injerencia estatal en los asuntos federativos bajo pena de desafiliación. Esta “carta de autonomía” es la principal herramienta de Tapia para invalidar las acciones del organismo que depende del Ministerio de Justicia.
Desde una perspectiva jurídica, la confrontación plantea un dilema sobre la jerarquía de las leyes nacionales frente a los reglamentos de entidades privadas internacionales. Mientras que la IGJ argumenta que tiene la potestad de fiscalizar a cualquier asociación civil con personería jurídica en territorio nacional, la cúpula de la calle Viamonte responde que tales medidas son arbitrarias y responden a intereses políticos externos. El análisis de expertos en derecho deportivo sugiere que esta pulseada podría escalar hasta instancias judiciales superiores, afectando la estabilidad institucional del fútbol profesional argentino.
La implicancia política de este desafío es innegable, ya que se produce en un contexto donde el Gobierno Nacional ha manifestado su interés en impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo al que Tapia y la mayoría de los clubes tradicionales se oponen férreamente. Al rechazar la veeduría, la AFA no solo protege sus procedimientos internos, sino que también envía una señal de fortaleza gremial frente a los intentos de reforma del sistema deportivo. La retórica de Tapia apela a la unidad de los dirigentes para “defender el modelo de clubes sin fines de lucro”.
En términos económicos y operativos, una intervención o una disputa prolongada con la IGJ podría poner en riesgo contratos de patrocinio y la organización de torneos internacionales. No obstante, el respaldo que Tapia ha consolidado entre los clubes del ascenso y la mayoría de los equipos de Primera División le otorga un capital político que dificulta cualquier avance directo del Estado. La estrategia de la AFA parece ser la dilación judicial, esperando que la presión internacional de los organismos rectores del fútbol mundial actúe como un paraguas protector ante el avance administrativo.
El futuro de esta disputa determinará el grado de independencia con el que contará el fútbol argentino en los próximos años. Si la IGJ logra imponer su supervisión, se sentaría un precedente de control estatal que podría alterar las futuras elecciones y la gestión de recursos de la asociación. Por el contrario, si la postura de Tapia prevalece, la AFA saldrá fortalecida en su rol de ente autónomo, aunque bajo la sombra de un escrutinio público constante sobre su transparencia. La resolución de este conflicto promete ser uno de los ejes centrales de la agenda deportiva y política de la temporada.
