En una nueva escalada de su denominada “batalla cultural”, el presidente Javier Milei lanzó duras críticas contra figuras centrales del empresariado industrial argentino, acusándolos de haber consolidado un esquema de prebendas y proteccionismo que perjudica a la sociedad. A través de sus canales oficiales, el mandatario apuntó directamente contra Paolo Rocca, titular del Grupo Techint; Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate; y Roberto Méndez, de Neumen. Según el jefe de Estado, estos directivos han dejado en evidencia la existencia de un “sistema corrupto” que, bajo la fachada del nacionalismo industrial, habría capturado rentas extraordinarias a costa de los consumidores.
El detonante de esta confrontación frontal ha sido la controversia por la estructura de costos y precios en sectores estratégicos como el aluminio y los neumáticos. Milei utilizó apelativos irónicos para referirse a los industriales, como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros” y “Don Gomita Alumínica”, señalando lo que el Gobierno considera una falta de competitividad crónica en sus empresas. La crítica presidencial se produce en un momento de tensión tras el anuncio del cierre de la planta de Fate y las recientes declaraciones de Roberto Méndez, quien admitió en una entrevista que, durante años, el mercado “no era real” y los precios locales estaban sobreestimados debido al proteccionismo.
Desde el enfoque económico del oficialismo, se sostiene que empresas como Aluar —única productora de aluminio primario en el país— y el Grupo Techint se han beneficiado de regulaciones que limitan la competencia extranjera, permitiéndoles fijar precios internos superiores a los internacionales. El informe del Ministerio de Economía sugiere que la apertura de importaciones es la herramienta clave para desarmar estos “feudos corporativos”. Por su parte, el sector industrial argumenta que la falta de competitividad no es responsabilidad exclusiva de las empresas, sino de una carga impositiva elevada y costos energéticos que dificultan la competencia con productos provenientes de mercados como China o India.
La embestida de Milei contra Paolo Rocca marca un punto de inflexión, dado que el Grupo Techint ha sido históricamente un actor con peso institucional en las decisiones de política económica del país. El Presidente cuestionó incluso licitaciones recientes, como la provisión de tubos para proyectos energéticos, sugiriendo que las ofertas de las empresas locales no guardan relación con los costos globales. Esta postura refuerza el discurso gubernamental de que “no hay vacas sagradas” en su plan de desregulación, incluso si esto implica enfrentarse a los sectores que tradicionalmente han financiado o influido en las administraciones anteriores.
El conflicto también tiene un trasfondo social y laboral significativo, especialmente por la situación de Fate y la industria del neumático. Mientras el Gobierno celebra lo que llama el “despertar de un país” frente a estos abusos, los gremios advierten sobre la destrucción de empleos calificados producto de una apertura indiscriminada de importaciones. Sin embargo, para la administración de La Libertad Avanza, el costo de mantener una industria “artificialmente protegida” es mayor que el impacto de la transición hacia un mercado libre, donde los precios sean determinados por la competencia y no por acuerdos corporativos con el Estado.
La proyección de este enfrentamiento sugiere que la relación entre la Casa Rosada y la Unión Industrial Argentina (UIA) entrará en una fase de máxima tensión en los próximos meses. El impacto futuro de estas declaraciones podría traducirse en una aceleración de medidas arancelarias que fuercen a estas grandes compañías a ajustar sus márgenes de ganancia o a enfrentar una pérdida drástica de mercado. Con su retórica de “batalla cultural”, Milei parece decidido a desmantelar lo que define como el “capitalismo de amigos”, apostando a que el electorado valide un modelo de apertura total a pesar de las resistencias del poder económico tradicional.
