La diputada nacional por La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, ha presentado un proyecto de ley que busca transformar los requisitos de idoneidad para el ejercicio de la función pública de alta jerarquía en el país. La iniciativa propone la implementación obligatoria de exámenes psicotécnicos y evaluaciones de perfil psicológico para quienes aspiren a cargos de relevancia en los tres poderes del Estado. Esta medida surge en un contexto de creciente demanda social por una mayor transparencia y profesionalismo en la gestión política, intentando equiparar los estándares de ingreso del sector público con los protocolos de alta dirección vigentes en el sector privado.
El proyecto establece que las evaluaciones deberán ser realizadas por instituciones especializadas y autónomas, garantizando la imparcialidad del proceso. Según el texto presentado, los exámenes no solo medirán capacidades cognitivas, sino que se centrarán en la detección de rasgos de personalidad que resulten incompatibles con la toma de decisiones de alto impacto social. “Es fundamental asegurar que quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la nación posean el equilibrio emocional y la estructura psíquica necesaria para afrontar situaciones de crisis”, señalaron fuentes cercanas al despacho de la legisladora cordobesa.
Entre los puntos más destacados de la propuesta, se menciona la evaluación de la denominada “Tríada Oscura” de la personalidad, que incluye el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica. El uso de instrumentos estandarizados permitiría identificar patrones de comportamiento vinculados a la falta de empatía o a la propensión al abuso de poder. De acuerdo con analistas en psicología organizacional, la inclusión de estas métricas en la selección de personal político podría funcionar como un filtro preventivo ante posibles conductas autoritarias o desviaciones éticas en el ejercicio del cargo.
La iniciativa también contempla el análisis del juicio crítico y la tolerancia a la presión institucional, factores determinantes para ministros, legisladores y jueces. El marco normativo sugerido propone que los resultados de estas evaluaciones, aunque respetando la privacidad de los datos sensibles, sean un requisito habilitante previo a la asunción de funciones. En el ámbito parlamentario, el proyecto ya ha comenzado a generar debate entre distintas fuerzas políticas, donde algunos sectores lo ven como una herramienta de modernización estatal, mientras que otros cuestionan los criterios de subjetividad que podrían permear las evaluaciones.
Desde una perspectiva económica y administrativa, los defensores del proyecto argumentan que la selección de perfiles psicológicamente aptos reduce los costos indirectos derivados de una mala gestión o de escándalos de corrupción vinculados a perfiles personalistas. Antecedentes internacionales en países con servicios civiles meritocráticos sugieren que la profesionalización de la capa política mediante pruebas de idoneidad integral mejora la confianza ciudadana en las instituciones. En este sentido, la propuesta de Ponce busca alinear a la Argentina con estándares globales de gobernanza y ética pública.
El futuro de la medida dependerá ahora del consenso que logre en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. De avanzar, significaría un cambio de paradigma en el sistema político argentino, donde históricamente la idoneidad ha sido interpretada principalmente bajo criterios de representación popular o mérito académico. La discusión parlamentaria que se avecina promete poner bajo la lupa no solo la capacidad técnica de los funcionarios, sino también la salud mental y la integridad emocional como pilares básicos de la representación democrática en el siglo XXI.
