El sistema permite a ciudadanos realizar gestiones ante organismos públicos de forma remota, sin necesidad de presentar documentación física en ventanilla.
El Estado Nacional avanzó durante el último trimestre de 2026 en la expansión del sistema de identidad digital, que permite a los ciudadanos argentinos acreditar su identidad de forma electrónica para realizar trámites ante organismos públicos sin concurrir de manera presencial a las dependencias. La plataforma, administrada por la Secretaría de Modernización del Estado, registró un incremento sostenido en la cantidad de usuarios activos y en el número de organismos integrados al sistema.
El esquema de identidad digital se apoya en la validación biométrica y en la infraestructura del Documento Nacional de Identidad, articulando datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) con las plataformas de gestión de los distintos ministerios y organismos del Poder Ejecutivo Nacional. Esto permite que el ciudadano complete procesos que antes requerían múltiples visitas presenciales a distintas reparticiones.
EXPANSIÓN DE SERVICIOS Y PRÓXIMAS INTEGRACIONES
Entre los trámites habilitados a través del sistema se encuentran la solicitud y renovación de turnos en organismos de salud, la gestión de beneficios sociales, la presentación de declaraciones impositivas simplificadas y el acceso a la historia laboral ante la ANSES. La Secretaría de Modernización informó que durante 2027 se prevé la incorporación de nuevos servicios vinculados a justicia y registro civil.
Las provincias que adhirieron al sistema federal de interoperabilidad también pueden beneficiarse de la infraestructura nacional, reduciendo la duplicación de validaciones y agilizando los tiempos de respuesta en trámites que involucran tanto jurisdicción nacional como provincial. El Chaco se encuentra entre las provincias que avanzaron en la integración técnica con la plataforma nacional.
La expansión del sistema de identidad digital forma parte de la agenda de modernización del Estado que busca reducir la carga burocrática sobre los ciudadanos y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos en todo el territorio nacional.
