En un giro que gener\u00f3 controversia y preocupaci\u00f3n en la sociedad civil, el Gobierno nacional promulg\u00f3 la Ley 27.793 que declara la Emergencia en Discapacidad, pero, al mismo tiempo, suspendi\u00f3 su ejecuci\u00f3n. La medida, oficializada a trav\u00e9s de un decreto, responde a la falta de previsi\u00f3n presupuestaria para cubrir los gastos que la normativa implica, un punto de conflicto que hab\u00eda llevado al Poder Ejecutivo a vetar la ley previamente. La decisi\u00f3n de promulgarla y postergarla deja en suspenso la aplicaci\u00f3n de beneficios cruciales para miles de personas con discapacidad en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El decreto argumenta que el Congreso de la Naci\u00f3n “omiti\u00f3 indicar de manera fehaciente” las fuentes de financiamiento para las erogaciones que la ley supone. Si bien la ley fue sancionada por una abrumadora mayor\u00eda de ambas c\u00e1maras, el Ejecutivo ha se\u00f1alado que la facultad de reasignar partidas presupuestarias no constituye una fuente “concreta, espec\u00edfica, actual y suficiente” para afrontar los costos. Las estimaciones oficiales, contenidas en el propio decreto, calculan un gasto adicional de m\u00e1s de 3 billones de pesos para el ejercicio 2025, un monto que el Gobierno considera insostenible en el marco de su pol\u00edtica de ajuste fiscal.<\/p>\n\n\n\n
La normativa, producto de un amplio consenso legislativo, establece, entre otras medidas, la creaci\u00f3n de una pensi\u00f3n no contributiva por discapacidad, la extensi\u00f3n de beneficios del programa “Incluir Salud” y una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica de emergencia para los prestadores de servicios de discapacidad. Estas medidas buscan paliar la grave crisis del sector, que ha enfrentado demoras en los pagos, aranceles desactualizados y una precarizaci\u00f3n general de la atenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La postergaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de la ley se produce despu\u00e9s de que el Congreso insistiera con su sanci\u00f3n, revirtiendo el veto presidencial. Esta maniobra del Poder Ejecutivo se enmarca en un conflicto de poderes en el que el Gobierno busca defender su pol\u00edtica de equilibrio fiscal, mientras que el Poder Legislativo ha manifestado su voluntad de proteger derechos sociales considerados prioritarios. Desde las organizaciones de la sociedad civil, la noticia fue recibida con decepci\u00f3n y se han multiplicado las cr\u00edticas a la decisi\u00f3n oficial.<\/p>\n\n\n\n
La suspensi\u00f3n de la ley genera un vac\u00edo de incertidumbre para las familias y prestadores. Si bien la norma est\u00e1 promulgada, su implementaci\u00f3n queda condicionada a que el Congreso incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, un proceso que podr\u00eda demorar su concreci\u00f3n por tiempo indeterminado. Este escenario abre la puerta a una judicializaci\u00f3n del conflicto, con la posibilidad de que diversas organizaciones y particulares presenten amparos para exigir la aplicaci\u00f3n de los beneficios previstos.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n del Gobierno de promulgar pero no aplicar la ley de discapacidad pone en evidencia la tensi\u00f3n entre el equilibrio fiscal y la protecci\u00f3n de los derechos sociales. Mientras el Ejecutivo defiende la ortodoxia econ\u00f3mica, las organizaciones de personas con discapacidad y un amplio espectro de la dirigencia pol\u00edtica reclaman una prioridad en la inversi\u00f3n social. El futuro de la ley, y por ende de los beneficios para este colectivo vulnerable, queda ahora en manos del di\u00e1logo \u2014o la falta de \u00e9l\u2014 entre los poderes del Estado y la capacidad de la sociedad civil para sostener su reclamo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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