La C\u00e1mara de Diputados de la Naci\u00f3n aprob\u00f3 una ley que establece severas restricciones al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo, un movimiento legislativo que reaviva el debate sobre el equilibrio de poderes y la gobernabilidad en Argentina. Si bien el avance es un triunfo para la oposici\u00f3n, el proyecto de ley deber\u00e1 regresar al Senado debido a la modificaci\u00f3n de un art\u00edculo central, un giro que beneficia indirectamente al oficialismo al postergar la definici\u00f3n final del marco normativo hasta despu\u00e9s de las pr\u00f3ximas elecciones.<\/p>\n\n\n\n
La nueva legislaci\u00f3n, que reforma la Ley 26.122 impulsada originalmente durante la gesti\u00f3n de N\u00e9stor Kirchner, busca imponer un control bicameral m\u00e1s riguroso. Uno de sus puntos esenciales establece que, a diferencia del r\u00e9gimen actual donde la aprobaci\u00f3n de una sola c\u00e1mara basta para su convalidaci\u00f3n, a partir de ahora ambos cuerpos legislativos \u2014Diputados y Senadores\u2014 deber\u00e1n pronunciarse favorablemente para que un DNU sea ratificado. Esto implica que la oposici\u00f3n solo necesitar\u00e1 una mayor\u00eda simple en cualquiera de las C\u00e1maras para invalidar cualquier decreto emitido por el Ejecutivo, limitando dr\u00e1sticamente el margen de maniobra del gobierno en minor\u00eda parlamentaria.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, el art\u00edculo m\u00e1s sensible de la propuesta, aquel que establec\u00eda un plazo fatal de 90 d\u00edas corridos para que el Congreso se expida sobre la validez de un decreto antes de que este cayera autom\u00e1ticamente, fue rechazado durante la votaci\u00f3n en particular. Este rev\u00e9s fue estrat\u00e9gicamente celebrado por el oficialismo, que hab\u00eda anticipado la posibilidad de un veto presidencial a la ley. Al eliminar el plazo de caducidad, el tr\u00e1mite parlamentario se alarga, retrasando cualquier enfrentamiento institucional directo, como un veto, para el per\u00edodo posterior a la contienda electoral de octubre.<\/p>\n\n\n\n
Desde el bloque oficialista se denunci\u00f3 que la reforma no busca fortalecer la institucionalidad, sino “inmovilizar al Poder Ejecutivo” y “debilitar la gobernabilidad”, acusando a la oposici\u00f3n de planear un “bloque institucional” con fines puramente pol\u00edticos. El argumento oficialista recuerda el uso extensivo de los DNU por parte de gobiernos anteriores, incluso aquellos con mayor\u00edas parlamentarias, y sostiene que el cambio de reglas obedece \u00fanicamente al hecho de que el peronismo ya no se encuentra en el ejercicio del poder.<\/p>\n\n\n\n
En contraposici\u00f3n, figuras clave de la Coalici\u00f3n C\u00edvica y la Uni\u00f3n C\u00edvica Radical defendieron la necesidad de limitar una herramienta que ha sido utilizada hist\u00f3ricamente para eludir el debate parlamentario y generar un “estado de excepci\u00f3n permanente”. Seg\u00fan diputados de estos espacios, la reforma es crucial para restaurar la jerarqu\u00eda constitucional y la divisi\u00f3n de poderes, aunque algunos reconocieron que el momento ideal para tama\u00f1a discusi\u00f3n legislativa debi\u00f3 ser despu\u00e9s de 2027, para despojarla de la coyuntura pol\u00edtica inmediata.<\/p>\n\n\n\n
La pelota regresa ahora a la cancha del Senado, que deber\u00e1 decidir si acepta las modificaciones introducidas por la C\u00e1mara Baja o si insiste en el texto original, incluyendo el l\u00edmite temporal de 90 d\u00edas. M\u00e1s all\u00e1 del resultado final, el episodio subraya la creciente tensi\u00f3n entre la Casa Rosada y el Poder Legislativo, y reafirma que el futuro del plan de gesti\u00f3n del gobierno depender\u00e1, de manera casi ineludible, de su capacidad para construir consensos estables en el \u00e1mbito parlamentario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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